(El Economista, 22-04-2025) | Fiscal
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) estima que la falta de actualización del IRPF conforme al aumento de la inflación desde 2015 le supone a una familia media -compuesta por dos adultos y dos hijos, con unos ingresos anuales de 50.000 euros- un coste adicional de unos 736 euros al año. Esto representa un incremento del 30% en la cantidad que deben abonar por este impuesto. Sin embargo, Fedea advierte que el impacto es proporcionalmente aún más significativo para los hogares con ingresos más bajos. Así lo detalla en su informe Seguimiento de las reformas del Plan de Recuperación y otras medidas estructurales, donde se evalúan tanto las reformas que sí se han llevado a cabo como aquellas que quedaron en el camino.
El documento explica que, cuando los precios suben -como ha ocurrido en los últimos años-, también lo hacen los sueldos nominales. Sin embargo, aunque el poder adquisitivo real no varíe, los contribuyentes acaban tributando más, ya que sus ingresos les sitúan en tramos superiores del IRPF. Para ilustrarlo, Fedea analiza el caso de una familia tipo con 50.000 euros brutos anuales en 2024, que paga actualmente 3.170,75 euros en concepto de IRPF. Si el impuesto se hubiera ajustado al incremento acumulado de los precios desde 2015 -actualizando tanto los tramos como los mínimos personales y familiares-, esta familia pagaría solo 2.434,36 euros. Es decir, está asumiendo un coste adicional del 30,25%, o 736,39 euros más.
En el mismo informe, Fedea critica que no se haya avanzado en reformas clave, como la modificación de la Ley del Suelo, destinada a agilizar la construcción de vivienda, o la puesta en marcha de una Agencia Estatal de Salud Pública, que se considera crucial para afrontar futuras crisis sanitarias. Para la fundación, el hecho de que estas propuestas no hayan salido adelante refleja la falta de voluntad política para alcanzar consensos, incluso en asuntos de interés general en los que no existen grandes diferencias ideológicas. "Ambos grandes partidos, PSOE y PP, deberían reflexionar", señalan los autores del informe.
Respecto a la Ley del Suelo, Fedea argumenta que su reforma es imprescindible para evitar los bloqueos frecuentes en el desarrollo urbanístico, que afectan a barrios e incluso municipios enteros, debido a la anulación de planes urbanísticos. Según explican, esto se debe a que en España los instrumentos de ordenación territorial se consideran normas con rango de reglamento en lugar de simples actos administrativos. Esto los somete a un marco legal rígido y a la revisión de la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que genera inseguridad jurídica para los promotores inmobiliarios.
Otro asunto que preocupa a la fundación es la implementación de una directiva europea sobre la información que deben proporcionar las empresas en relación con la sostenibilidad. Esta normativa amplía el concepto de sostenibilidad para abarcar no solo aspectos medioambientales, sino también cuestiones sociales, laborales, de gobernanza, y compromisos en derechos humanos, así como la lucha contra la corrupción.
La directiva exige que empresas medianas y grandes -a partir de 250 empleados, aproximadamente- elaboren informes detallados sobre dos aspectos: cómo afectan estos temas a su actividad y cuál es el impacto de su operación y la de sus proveedores en estos ámbitos. Además, deben detallar sus planes para contribuir a los objetivos definidos por la norma.
Fedea advierte que esta exigencia supone una carga significativa para muchas compañías, obligándolas a realizar un ejercicio de reporte "complejo y costoso" que va más allá de proporcionar información objetiva. A juicio de la fundación, se les impone una responsabilidad desproporcionada al exigirles que asuman un papel activo en la solución de problemas sociales sin una justificación clara de los beneficios que se espera obtener a cambio.