(Expansión, 07-04-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El Gobierno y las principales compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares en España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han iniciado conversaciones para replantear por completo el calendario de cierre de estas instalaciones. Más que extender la vida útil de todas las centrales por una década, la intención es ajustar los plazos de cierre mediante pequeñas prórrogas de entre uno y tres años para algunas o la mayoría de ellas.
El debate sobre si es conveniente o no cerrar las centrales nucleares se avivó recientemente con el caso de la planta de Almaraz, ubicada en Extremadura, que será la primera en cesar su actividad. De sus dos reactores operativos, Almaraz I está previsto que cierre en noviembre de 2027 y Almaraz II en octubre de 2028. Si se quiere prolongar su funcionamiento, ya deberían estarse tomando decisiones de inversión y solicitudes de licencias.
Aunque la situación de Almaraz ha generado un notable revuelo social -aprovechado políticamente por el PP-, lo cierto es que el debate sobre la energía nuclear es mucho más amplio y afecta al conjunto del parque nuclear, el cual está interconectado. No es posible modificar el calendario de una planta sin que repercuta en las demás.
Por ejemplo, aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy son propietarias de Almaraz, la empresa que opera la planta incluye también a EDP como socio. Por ello, una prórroga de dos o tres años en Almaraz sin modificar el calendario previsto para otras centrales como Ascó (Cataluña) podría poner en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico.
Una simple revisión del calendario demuestra la complejidad del asunto. Si Almaraz I y II recibieran prórrogas y se cerraran finalmente en 2030, en ese mismo año se produciría el cierre simultáneo de cuatro reactores: los dos de Almaraz, Ascó I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia), lo cual sería muy difícil de gestionar. Este efecto dominó podría continuar si se retrasan también los cierres de Ascó II y Trillo.
El principal beneficio de estas miniprórrogas es que aportan una gran flexibilidad al sistema energético en un momento en que resulta esencial. Aunque el Gobierno mantiene su firme apuesta por las energías renovables en detrimento de la nuclear, es consciente de que aún no se dispone de una alternativa plenamente operativa -como los sistemas de almacenamiento con baterías- que garantice la estabilidad del suministro frente a la intermitencia de la energía eólica y solar. Así, conceder una prórroga limitada no supone necesariamente una renuncia a sus principios, sino más bien una decisión pragmática que podría facilitar una transición energética ordenada.
Las compañías eléctricas también reconocen que una prórroga estándar de diez años resulta complicada, no solo por las posturas del Gobierno, sino también por sus propias limitaciones. La mayoría de las centrales o sus empresas operadoras son propiedad compartida de varias eléctricas, y para acometer inversiones significativas, como la extensión de la vida útil de una planta, se requiere unanimidad entre los socios, algo que actualmente no se ha alcanzado. Una extensión parcial de uno a tres años permitiría reducir las tensiones sociales actuales y repartir de forma más manejable el coste de la gestión de residuos (como la tasa de Enresa).