(Expansión, 23-01-2025) | Laboral
El Ministerio de Trabajo ha afirmado que "un incremento del 3% no es una propuesta adecuada", mientras que los sindicatos mantienen su postura de que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe seguir exento de tributar en el IRPF.
En un contexto de inestabilidad política y decisiones legislativas apresuradas, el Gobierno afronta una situación peculiar. Mientras negociaba este miércoles con patronal y sindicatos la subida del SMI para 2025, el decreto ómnibus que prorrogaba el salario mínimo vigente fue rechazado en el Congreso. Esto ha dejado al SMI en un vacío legal, ya que, hasta que no se apruebe el nuevo incremento para 2025, técnicamente no hay un mínimo salarial aplicable en España. Aunque se prevé que este vacío no tenga efectos prácticos inmediatos, refleja el caos que atraviesa la gestión gubernamental, que ahora deberá agilizar la aprobación de la medida.
En este contexto, la reunión entre el Gobierno, CEOE-Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT concluyó sin un acuerdo definitivo. Los sindicatos rechazaron la propuesta de la patronal de un aumento del 3% (equivalente a 34 euros adicionales sobre los 1.134 euros mensuales vigentes en 2024), que además estaba condicionada a la vinculación del alza del SMI a los contratos públicos y a ayudas específicas para el sector agrícola.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, valoró positivamente que la CEOE haya presentado una propuesta concreta, pero fue tajante al señalar que "un incremento del 3% no es adecuado, ya que no cumpliría con el compromiso de alcanzar el 60% del salario medio, asumido por este Gobierno con los ciudadanos".
Pérez Rey también dejó claro que el Ejecutivo no apoyará un aumento inferior al rango recomendado por el Comité de Expertos de Trabajo, que oscila entre el 3,44% y el 4,41%. El Ministerio liderado por Yolanda Díaz se inclina por este último porcentaje, lo que supondría un incremento de 50 euros mensuales, situando el SMI en 1.184 euros por catorce pagas.
Por su parte, los sindicatos CCOO y UGT defienden un aumento aún mayor, entre el 5% y el 6%, para alcanzar un SMI de alrededor de 1.200 euros al mes. Aunque no han definido un porcentaje exacto que estarían dispuestos a aceptar, sí han insistido en que el SMI debe permanecer exento de tributar en el IRPF, ya que consideran que estos salarios mínimos son fundamentales para garantizar la dignidad y suficiencia económica de los trabajadores. No obstante, desde el Ministerio de Hacienda parecen reticentes a renunciar a la recaudación fiscal derivada del incremento del SMI.
Los agentes sociales se reunirán nuevamente la próxima semana, posiblemente el miércoles 29, con la intención de alcanzar un acuerdo definitivo. Desde Trabajo confían en que la patronal flexibilice su postura y facilite un entendimiento con los sindicatos, aunque lograr un consenso no se vislumbra como tarea sencilla.