(Cinco Días, 16-07-2024) | Fiscal
El Gobierno permitirá a las Comunidades Autónomas tener un déficit del 0,1% durante los próximos tres años, hasta 2027, lo que supone dos décimas más de lo estipulado en el plan de estabilidad acordado con Bruselas. El Ministerio de Hacienda ha informado a los consejeros autonómicos sobre el reparto del esfuerzo fiscal que se incluye en el techo de gasto que regirá los próximos presupuestos, y que será aprobado hoy en el Consejo de Ministros.
Esta norma permitirá a las regiones elaborar presupuestos más expansivos, a costa del Estado, que asumirá todo el ajuste fiscal comprometido con Bruselas, llevando el déficit público al 2,5% en 2025, al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Los ayuntamientos deberán mantener el equilibrio presupuestario hasta 2027. "Espero que sea bien recibido por las administraciones", ha afirmado María Jesús Montero, después de un tenso Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) marcado por un nuevo enfrentamiento sobre la financiación especial propuesta para Cataluña.
El intento de Montero de contentar a las autonomías con un mayor margen fiscal ha tenido poco éxito. La discordia generada por la financiación especial para Cataluña ha socavado la paz que la ministra buscaba, a pesar de haber anunciado que las regiones recibirán 147.412 millones de euros en concepto de entregas a cuenta, un 9,5% más que en 2024. "Durante el Gobierno del PP, cuando las Comunidades Autónomas necesitaban más recursos, el Ministerio de Hacienda les concedía préstamos que luego tenían que devolver con intereses", recordó Montero en la rueda de prensa posterior a la reunión.
A pesar de ello, el debate sobre la financiación especial planteado por Natàlia Mas, de ERC, perturbó una reunión que terminó con reproches. La consejera catalana utilizó su turno de palabra para explicar una propuesta de financiación que Montero intentó evitar repetidamente. La ministra se limitó a asegurar, según los consejeros del PP, que el acuerdo no afectará al resto de regiones y que la financiación extraordinaria será proporcionada por el Estado. "La propuesta defendida por ERC es una especie de concierto económico para Cataluña, que yo no comparto. Eso es lo más destacado del documento presentado", reveló Montero.
"En esa singularidad nosotros solo vemos un cupo", denunció la consejera de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, al final del encuentro. Muchos consejeros criticaron la maniobra surgida en torno a las negociaciones para asegurar la presidencia de la Generalitat, lo que llevó a que, por primera vez en cinco años, el Ejecutivo catalán decidiera enviar a su consejera para tener derecho a voto en el CPFF. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP rechazaron en bloque que el Gobierno intente manipular el sistema de financiación autonómica para "comprar" la presidencia de Illa, a pesar de que Montero intentó suavizar el debate.
La ministra ha tratado de incluir este punto dentro de la reforma del sistema de financiación y ha llamado repetidamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a sentarse para renovar el modelo. "Visto lo visto, no creo que podamos avanzar realmente en un corto plazo de tiempo", dijo la vicepresidenta primera.
"Hace diez años que finalizó el modelo actual y nos da la impresión de que está habiendo una negociación con una parte de los partidos separatistas sin que el Gobierno tenga intención de dar información ni participación al conjunto de las comunidades autónomas, porque no se nos ha convocado a ninguna reunión específica para relanzar la financiación autonómica ni para informarnos sobre su posición", insistió el consejero de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo.