(El País, 25-10-2024) | Fiscal
El Ministerio de Hacienda está trabajando intensamente para hacer permanentes los impuestos actuales sobre el sector bancario y energético, una tarea que busca concretar antes de finalizar el año, aunque se enfrenta a crecientes obstáculos. Actualmente, se manejan dos frentes principales: uno de carácter político y otro técnico. En el primer caso, el reto es convencer a socios reacios a esta medida, como el PNV y Junts, influenciados por empresas como Repsol.
El segundo frente busca asegurar que los nuevos tributos, si se aprueban, no puedan ser impugnados posteriormente por cuestiones formales. Algunas empresas ya han anunciado que llevarán el impuesto a los tribunales. Al Gobierno le preocupan especialmente los problemas de competencia territorial que surgirían si los nuevos tributos fueran transferidos a los regímenes fiscales del País Vasco y Navarra, así como el riesgo de doble imposición, que se presenta cuando un mismo hecho imponible se grava varias veces. Para mitigar este último, fuentes cercanas afirman que Hacienda está considerando incluir una cláusula que permita reducir parcialmente el impuesto de sociedades con lo abonado en el nuevo tributo.
El Gobierno es consciente de las dificultades. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, admitió que será necesario un acuerdo con los socios parlamentarios para aprobar las nuevas figuras en el Congreso. "Ojalá consigamos los apoyos", señaló, añadiendo que "si el Gobierno no tiene mayoría suficiente, no podrá asegurar la permanencia de los impuestos en el tiempo", dejando entrever la incertidumbre en torno a esta medida.
Entre las certezas de Hacienda está la conversión de los actuales gravámenes, considerados como prestaciones patrimoniales de carácter no tributario, en impuestos formales dentro del sistema fiscal español. Esta diferencia es importante: las prestaciones patrimoniales deben destinarse a un fin específico, mientras que los impuestos financian el gasto público en general. Además, como impuestos, los gravámenes podrían transferirse al País Vasco y Navarra, una de las demandas del PNV, a la cual el Gobierno estaría dispuesto a acceder para obtener su apoyo.
Los técnicos del ministerio también buscan evitar el riesgo de doble imposición. Si el sector bancario y energético enfrentan un nuevo impuesto sobre sus ingresos, es probable que aleguen estar pagando por el mismo hecho a través del impuesto sobre sociedades, lo que podría llevar el tema a los tribunales. Hacienda está considerando permitir una deducción parcial de este nuevo impuesto en el cálculo de la cuota del impuesto de sociedades, un esquema similar al del gravamen de solidaridad de grandes fortunas y el impuesto sobre el patrimonio.
Los ministerios de Hacienda y Economía también evalúan cómo ajustar el impuesto a la banca al contexto económico actual, teniendo en cuenta los ciclos de crédito y los tipos de interés, dado que el entorno económico ha cambiado desde que se introdujeron los gravámenes temporales. Al mismo tiempo, se estudia la posibilidad de aplicar una deducción en el sector energético para inversiones en industria y descarbonización.
A pesar de la incertidumbre, las patronales financieras AEB y CECA emitieron un comunicado expresando su "rechazo enérgico" a esta medida, señalando que su impacto podría ser perjudicial tanto para el sector como para la economía española. En un comunicado similar, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos advirtió que la permanencia de este tributo podría tener consecuencias de miles de millones en inversiones y capacidad de financiación, con un impacto total estimado en 66.000 millones de euros.
"Si esta medida sigue adelante, España sería la única jurisdicción en Europa con un impuesto permanente de estas características, lo que supone una desventaja competitiva para las entidades españolas", señalaron la AEB y la CECA. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, y la de Bankinter, María Dolores Dancausa, también criticaron la medida, argumentando que va en contra del crecimiento económico.
El sector bancario advierte que un impuesto permanente sobre sus ingresos "supone un obstáculo" para completar la Unión Bancaria y contradice las recomendaciones de organismos como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que aconsejan que estos recursos se mantengan dentro de las entidades para fortalecer su capital y apoyar el crédito a empresas y familias.
Asimismo, el sector estima que el gravamen podría reducir su capacidad de financiación en unos 50.000 millones de euros en España. El Instituto Español de Analistas también advirtió que la permanencia del impuesto podría afectar la valoración de los tres principales bancos españoles en un 14%.
La Asociación de Operadores Petrolíferos (AOP), por su parte, considera que un tributo indefinido "pondría en riesgo la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética". Solicita un "marco fiscal adecuado y estable" que permita realizar las inversiones necesarias para la descarbonización, estimadas en más de 16.000 millones de euros hasta 2030, inversiones que podrían verse afectadas negativamente por la medida.