(El Confidencial, 24-10-2024) | Fiscal
La liquidación extraordinaria de los sistemas de financiación de 2022 ha generado una importante inyección de recursos, pero las cuentas de las entidades locales y comunidades autónomas no han evolucionado como el Ministerio de Hacienda esperaba. Ambas administraciones acumulan una desviación presupuestaria de 5.500 millones de euros en el ejercicio actual, según lo informado por Hacienda a Eurostat en la notificación de déficit que los países de la UE deben realizar cada otoño.
En primavera, el Gobierno estimaba que estas administraciones generarían un superávit de 4.400 millones de euros a lo largo del año, pero ahora proyecta un déficit conjunto de 1.100 millones. Las comunidades autónomas son las principales responsables de esta diferencia: mientras que se esperaba que cerraran el año con un superávit de casi 800 millones, el ritmo del gasto ha llevado a prever un déficit de 3.500 millones. En el caso de los ayuntamientos, la previsión de superávit ha sido ajustada de 3.600 a 2.400 millones.
Este desajuste de 5.500 millones de euros respecto a las previsiones de primavera es inusual en ausencia de crisis o cambios imprevistos en la financiación, ya que el Estado ha cumplido con el pago de las entregas a cuenta a las CCAA. Sin embargo, tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas están utilizando sus ingresos récord para incrementar significativamente el gasto, lo que ha desbordado las estimaciones iniciales del Ministerio de Hacienda.
Ni la activación de las reglas fiscales ni el riesgo de que España no cumpla el objetivo de déficit del 3% han sido suficientes para frenar a alcaldes y presidentes autonómicos en su gestión del gasto. A pesar de todo, Hacienda sigue confiando en alcanzar el objetivo del 3%, que es necesario para evitar que la Comisión Europea incluya a España en el procedimiento de déficit excesivo. Aunque la previsión ha empeorado ligeramente, pasando del 2,95% del PIB en abril al 3,02% actual, esta variación es mínima.
El Estado, por su parte, ha hecho un esfuerzo para compensar el déficit de las administraciones territoriales. Mientras que se preveía que la Administración Central cerraría el año con un déficit de 47.000 millones de euros, esta cifra se ha reducido a 42.800 millones, mejorando el saldo en 4.200 millones y compensando en parte la desviación de las administraciones locales y autonómicas. Además, la revisión al alza del PIB realizada recientemente por el INE ha permitido moderar la ratio de déficit, ya que el PIB actual es 43.600 millones superior a lo estimado anteriormente. Sin esta actualización, el déficit de España rondaría el 3,1%, lo que podría desencadenar el procedimiento de déficit excesivo.
Este inusual cambio refleja el elevado ritmo de gasto en las comunidades autónomas y ayuntamientos. Hasta agosto, las CCAA han aumentado su gasto en un 5,5%, a pesar de haber reducido su inversión en casi un 12%. El gasto corriente ha crecido significativamente, con un aumento del 6,7% en el capítulo de personal y un incremento del 16% en bienes y servicios. Además, los intereses de la deuda han subido un 20%.