(Expansión, 11-07-2024) | Fiscal
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ayer a la propuesta de Sumar y mostró su disposición a imponer un gravamen fiscal a los pisos turísticos en las zonas de alta demanda. El socio minoritario de la coalición gubernamental presentó un paquete fiscal, que incluye aumentos en el IVA, IRPF, Sociedades y gravámenes a Socimis, con la intención de incorporarlo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. En respuesta, Montero aclaró que la regulación del IVA depende de la Unión Europea, aunque admitió que la nueva directiva comunitaria podría permitir actuar en este sentido y consideró la posibilidad de implementar medidas tributarias específicas en áreas con dificultades de acceso a la vivienda.
"Estamos trabajando en el tema de vivienda, es uno de los pilares de esta legislatura, y nuestro objetivo es tener más de 180.000 viviendas asequibles para que las familias no tengan que hipotecar su vida para acceder a una vivienda", declaró Montero en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. Habló de soluciones como el fomento del "alquiler social a través de préstamos ICO o el bono social joven", una "política prioritaria" que se discutirá en la Conferencia Sectorial de Vivienda. Al ser consultada sobre las propuestas de Sumar, la ministra de Hacienda se mostró abierta a considerar medidas fiscales. "En concreto, el tema del IVA debe estar armonizado con el resto de Europa. No es un impuesto que cada Estado miembro pueda regular a su antojo, hay unos márgenes dentro de los cuales debemos actuar, y justamente se está trabajando en una nueva directiva de IVA que podría permitir gravar este tipo de cuestiones", señaló.
Actualmente, los pisos turísticos en España no están sujetos al IVA, pero la directiva plantea la posibilidad de aplicarlo a nuevos modelos de negocio basados en plataformas digitales. Mientras se espera el complejo consenso unánime necesario en la UE, Sumar aspira a aplicar un gravamen del 21% a los pisos turísticos en general y del 10% a aquellos donde el propietario resida habitualmente y alquile solo durante ciertos periodos.
"Vayamos paso a paso. Primero es el debate en Europa", pidió ayer Montero, insistiendo en la necesidad de conocer la redacción final de la directiva antes de tomar medidas relacionadas con el IVA. Además, la vicepresidenta primera señaló que "tenemos que considerar la posibilidad de que, si las fuerzas políticas lo apoyan, podamos en España establecer" medidas tributarias específicas "en las zonas tensionadas". "Insisto en esto, porque el problema del piso turístico surge en lugares donde las familias se ven obligadas a mudarse porque no encuentran un alquiler asequible", afirmó.
La Ley de Vivienda define como "zona tensionada" aquellas áreas donde las familias deben destinar más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, incluyendo los gastos básicos. Alternativamente, se consideran zonas tensionadas aquellas donde el precio del alquiler ha subido tres puntos más que el IPC en los últimos cinco años. "En las zonas tensionadas se pueden plantear diferentes iniciativas. Esta puede ser una de ellas, pero hay otras también en consideración", explicó Montero sin dar más detalles.
Por su parte, Sumar propuso una serie de medidas fiscales adicionales. La presentación la realizaron ayer su portavoz económico en el Congreso, Carlos Martín, y el de turismo, Alberto Ibáñez, como proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda. El objetivo es que la mayor presión fiscal sobre los alquileres turísticos ayude a reducir los precios de mercado de la vivienda. Para ello, instan a Hacienda a incluir en los Presupuestos de 2025 el mencionado aumento del IVA; a suprimir las deducciones de gastos financieros de amortización y mejora de viviendas sobre IRPF en zonas tensionadas; elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en periodos de no ocupación; eliminar las deducciones en Sociedades en ciudades de más de 200.000 habitantes con tasas superiores a 10 turistas por habitante; y a introducir un gravamen específico del 25% sobre beneficios de las Socimis que realicen actividades de arrendamiento turístico durante el ejercicio fiscal.