(Expansión, 13-11-2024) | Fiscal
La reforma fiscal que PSOE y Sumar negocian actualmente con otros grupos parlamentarios se perfila como un pilar fundamental en el plan para equilibrar las cuentas públicas, un compromiso asumido con la Unión Europea. Sin embargo, en el ámbito tributario no solo importan las medidas que se implementan, sino también aquellas que se dejan de aplicar. En este sentido, además de las nuevas subidas impositivas y tributos planteados, el Gobierno prevé destinar 16.000 millones de euros del ajuste presupuestario comprometido hasta 2031 a los ingresos extra derivados de su decisión de no ajustar el IRPF según la evolución de precios y salarios.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha estimado este impacto en su informe sobre el Plan Fiscal Estructural de Medio Plazo 2025-2028. Este documento, requerido por las nuevas reglas fiscales de la UE, detalla cómo los países con desequilibrios presupuestarios planean corregir sus finanzas. Según la AIReF, la falta de actualización del IRPF generará 15.900 de los 25.800 millones de euros que el Gobierno espera recaudar entre 2024 y 2031 mediante medidas discrecionales de ingresos. Este concepto representa el 62% de la recaudación adicional proyectada, superando incluso los ingresos previstos por la reforma de pensiones.
Este fenómeno, conocido como "progresividad en frío" o "rémora fiscal", consiste en un aumento implícito de la presión tributaria cuando los tramos del IRPF no se ajustan a la inflación o a la subida salarial. Como resultado, aunque un trabajador reciba un aumento salarial y suba de tramo fiscal, podría terminar pagando más impuestos sin mejorar su poder adquisitivo. Este efecto ha sido especialmente notable durante años de alta inflación, como destaca el Banco de España, que atribuye a esta causa más de la mitad del aumento extraordinario de la recaudación.
A pesar de esto, Hacienda ha rechazado actualizar el IRPF, argumentando que beneficiaría también a las rentas altas y que es preferible centrarse en medidas para las rentas bajas. Esta postura contrasta con la práctica en territorios forales como el País Vasco y Navarra, donde sí se ha ajustado regularmente. Recientemente, varias comunidades autónomas, especialmente gobernadas por el PP, han seguido el mismo camino.
Aunque el impacto de la progresividad en frío ha disminuido con la moderación de la inflación, la AIReF estima que en 2024 esta medida generará 3.400 millones de euros adicionales para el Estado. La cifra bajará a 1.800 millones en 2025 y se mantendrá alrededor de esa cantidad hasta 2031.
Esta estrategia es crucial para que la Comisión Europea apruebe el plan gubernamental de limitar el crecimiento del gasto público al 3% anual una vez descontadas las medidas de ingreso. Sin embargo, la AIReF advierte que, si la UE no considera la progresividad en frío como una medida discrecional de ingresos, el Gobierno podría enfrentarse a la necesidad de aplicar recortes adicionales o aumentar otros impuestos.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en una reforma tributaria que espera generar 4.500 millones de euros anuales adicionales a partir de 2025. Inicialmente, buena parte de este monto dependía de la consolidación de los impuestos a banca y energéticas. No obstante, la oposición de Junts y ERC a prolongar los gravámenes sobre el sector energético, tras las amenazas de deslocalización de empresas como Repsol, ha obligado a buscar alternativas.
Entre las medidas en negociación se incluyen un tributo temporal suavizado a la banca, la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, el aumento del IRPF sobre el ahorro al 30% para ingresos superiores a 300.000 euros, un IVA del 21% para viviendas turísticas, el fin de las exenciones fiscales de las Socimis y las primas de seguros médicos, así como nuevos impuestos al lujo y al vapeo. Este paquete no solo busca fortalecer la consolidación fiscal, sino también desbloquear los 7.200 millones de euros del quinto tramo de ayudas Next Generation, que requiere avanzar en la convergencia tributaria de España con Europa.