(Expansión, 20-12-2024) | Fiscal
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó ayer que no resulta sorprendente la decisión de Junts y PNV de alinearse con el PP para eliminar el impuesto a las empresas energéticas. A pesar de este revés, aseguró que el Gobierno continuará intentando reintroducirlo. Montero confirmó que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga de este gravamen por decreto, aunque reconoció que, debido a la falta de apoyos, es probable que decaiga un mes después, cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo busca atraer el respaldo de Junts y PNV con posibles modificaciones al impuesto, como la introducción de significativas bonificaciones para incentivar la inversión en electrificación y descarbonización por parte de las empresas. También se plantea ceder completamente la gestión del tributo a los territorios forales, lo que implicaría convertir el decreto en un proyecto de ley. La oposición de los nacionalistas se fundamenta, en gran medida, en el temor a que empresas como Repsol trasladen sus inversiones fuera de España si se mantiene el gravamen.
Desde el Ministerio de Hacienda asumen que, por ahora, no existen las condiciones para mantener este impuesto, que en el último año generó ingresos de aproximadamente 1.200 millones de euros. En consecuencia, el Gobierno evalúa sustituirlo por un aumento fiscal que equipare el precio del diésel al de la gasolina, con un incremento de unos 10 céntimos por litro. Esta propuesta, que estuvo cerca de incluirse en la reforma fiscal, fue bloqueada en última instancia por Podemos debido a lo que Montero calificó como un "error". La vicepresidenta adelantó que se negociará con el partido morado para asegurar su respaldo a esta medida, que el Ejecutivo espera aprobar también el lunes en el último Consejo de Ministros del año. La subida del diésel podría aportar unos 1.500 millones de euros anuales, cumpliendo así con una exigencia de la Comisión Europea dentro de su plan de ajuste fiscal para España.
El objetivo del Gobierno es complementar los ingresos de la reforma tributaria con medidas de fiscalidad medioambiental, permitiendo así solicitar el quinto desembolso de los fondos Next Generation, condicionado a la adopción de nuevas medidas fiscales. Por otro lado, durante la negociación de la reforma fiscal quedaron descartadas varias propuestas relevantes. Entre ellas, destaca la creación de un impuesto a la tenencia de bienes de lujo, como jets privados, yates o vehículos de alta gama, impulsada por Sumar, pero finalmente rechazada.
Asimismo, no prosperaron iniciativas como la eliminación del régimen fiscal especial de las Socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ni la supresión de la exención fiscal de las primas de seguros sanitarios, que habría incrementado el coste de los planes de salud privados.