(Expansión, 24-10-2024) | Fiscal
Por el momento, el Gobierno ha conseguido ganar una semana más para intentar cuadrar su propuesta, después de que el Congreso de los Diputados extendiera hasta el 30 de octubre el plazo para presentar enmiendas al proyecto de ley que implementa el tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades. Fuentes oficiales confirman que el plan principal del Ejecutivo es incluir como enmiendas a esta ley la conversión en permanentes de los impuestos a la banca y a las energéticas, así como una serie de medidas fiscales que acerquen la recaudación española a la media europea. Sin embargo, los detalles aún se están negociando con el PNV y Junts, lo que deja en el aire esta reforma tributaria.
El Ministerio de Hacienda tiene un doble compromiso con Europa para llevar a cabo una reforma fiscal. Primero, el Plan de Recuperación establece como hito clave la aprobación de una reforma tributaria que eleve la recaudación a niveles europeos para desbloquear el quinto desembolso de los fondos Next Generation, por un valor de 7.200 millones de euros. Segundo, el pasado 15 de octubre, el Gobierno presentó a la Comisión Europea un plan para aumentar los ingresos públicos de forma estructural en unos 4.500 millones de euros (0,3% del PIB) a partir de 2025, como parte de un Plan Fiscal Estructural destinado a equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit y la deuda.
El secretario de Estado de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que el paquete de medidas incluirá la conversión en permanentes de los impuestos a la banca y a las energéticas. Estos impuestos, que originalmente fueron introducidos como extraordinarios y temporales para los años 2022 y 2023, bajo la fórmula de "prestación patrimonial pública no tributaria", se prorrogó por un año más, pero caducarán el 31 de diciembre. El impuesto a la banca, que grava con un 4,8% el margen de intereses y comisiones netas de las entidades financieras con ingresos superiores a 800 millones en 2019, generó 1.695 millones de euros. El impuesto a las empresas del sector eléctrico, gasista y petrolero, que afecta a aquellas con facturaciones superiores a 1.000 millones en 2019, aplicando un tipo del 1,2% sobre su facturación, recaudó 1.164 millones.
Desde su creación, el PNV ha insistido en modificar el impuesto a las energéticas para promover la electrificación, y el Gobierno se comprometió a incluir esta medida en la conversión a permanentes. No obstante, la redacción final de la ley se ha complicado por la presión de las grandes empresas energéticas, especialmente tras la decisión de Repsol de trasladar inversiones a Portugal como protesta por el impuesto, además de advertir que podría considerar otras deslocalizaciones. Este movimiento ha generado preocupación en Junts, que teme que inversiones en Cataluña estén en peligro, lo que ha llevado al partido a oponerse temporalmente a la permanencia del tributo. Por su parte, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, advirtió que "no es bueno matar a la gallina de los huevos de oro". Al mismo tiempo, los bancos están presionando para suavizar el impuesto financiero, y hasta el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha sugerido que se busque su neutralidad, permitiendo deducir las provisiones.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hizo un llamamiento ayer a todos los grupos parlamentarios para participar en la triple negociación que afronta el Ejecutivo: la reforma fiscal, la senda de déficit y los Presupuestos. Junts le recordó ayer en el Congreso que "sin nuestros siete votos no hay Presupuestos", mientras el Gobierno intensifica el diálogo, abriendo la puerta a nuevas concesiones, como suavizar los nuevos impuestos para que se graven los beneficios en lugar de la facturación, por ejemplo.
A la espera de ver si las modificaciones que se pacten reducen su capacidad de recaudación, los impuestos a la banca y a las energéticas han generado este año 2.859 millones de euros. Para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas, Hacienda necesita aprobar medidas que incrementen la recaudación en al menos 1.650 millones más. Entre las opciones que se barajan está retomar la equiparación fiscal del diésel con la gasolina, algo que España debe abordar como parte de sus compromisos con la UE en materia de fiscalidad verde. Además, los socios de la coalición de Gobierno coinciden en impulsar una armonización autonómica del Impuesto de Sucesiones (siguiendo el modelo del Impuesto de Solidaridad sobre las Grandes Fortunas), aunque difieren en cuanto a los plazos: Sumar propone implementarla de inmediato, mientras que el sector socialista prefiere enmarcarla dentro de una reforma integral del sistema de financiación autonómica.
En cualquier caso, el plan del Gobierno es incluir parte de estas nuevas medidas junto a los impuestos a la banca y energéticas en el proyecto de ley que implementa la directiva europea sobre el tipo mínimo global del 15% para las grandes empresas, una normativa que España debería haber adoptado antes de finales de 2023. Bruselas, de hecho, ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su retraso, y el país se enfrenta a una posible multa comunitaria.
El objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo con el PNV y Junts antes del miércoles para incluir el grueso de su reforma fiscal como enmienda en este proyecto de ley, como ya se hizo en su momento con el impuesto a las grandes fortunas al incorporarlo como enmienda a los tributos a la banca y energéticas. Si no logra el respaldo necesario, se asume que el Parlamento podría rechazar las enmiendas, lo que mantendría vivo el proyecto exigido por la UE, dejando al Ejecutivo con un plan B: continuar negociando un poco más antes de aprobar la reforma fiscal a través de un Real Decreto-ley, confiando en lograr el apoyo necesario antes de su convalidación para impulsar la reforma, la senda fiscal y los Presupuestos.