(Expansión, 01-04-2025) | Fiscal
La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, enfatizó ayer la importancia de respetar y valorar la institución del Presupuesto, señalando que este es el documento clave en el que el Gobierno define su estrategia económica y fiscal. "Como supervisora fiscal, considero que no se puede desprestigiar ni menospreciar el Presupuesto, ya que es el instrumento fundamental en el que el Ejecutivo expone sus planes en materia económica y fiscal", afirmó al ser consultada sobre la falta de un proyecto presupuestario. Además, subrayó que la presentación de las cuentas públicas es un mandato constitucional que debe cumplirse.
Desde la Airef, se sostiene que tanto el considerable aumento del gasto en Defensa que la Unión Europea exige a España como la activación de la cláusula de escape de las reglas fiscales -un mecanismo diseñado para facilitar dicho incremento- deberían debatirse en el Parlamento, dado el impacto que estas decisiones tendrán en las cuentas públicas en las próximas legislaturas.
En cuanto a las previsiones económicas, la Airef estima que el crecimiento del PIB se estabilizará en torno al 1,3% a largo plazo, mientras que el déficit aumentará hasta el 7% en 2050 y alcanzará el 7,7% en 2070. Asimismo, se proyecta que la deuda pública escalará al 129% del PIB en los próximos 25 años y al 181% en 50 años. Para corregir estos desequilibrios, sería necesario un ajuste fiscal equivalente a 3,12 puntos del PIB (aproximadamente 50.000 millones de euros), lo que implicaría la implementación de cuatro planes de consolidación fiscal, cada uno con una duración de cuatro años, con el objetivo de reducir la deuda al 62% del PIB en 2050.
No obstante, la Airef advierte que cada incremento de medio punto en el gasto en Defensa requerirá un ajuste fiscal adicional de 0,13 puntos del PIB. De este modo, si se materializa el aumento de 1,5 puntos que plantea la Unión Europea, el esfuerzo de consolidación fiscal necesario para cumplir con las reglas fiscales ascendería a 4,76 puntos del PIB, lo que equivaldría a un ajuste de 76.000 millones de euros.