(Cinco Días, 03-10-2024) | Laboral
La renovación del convenio de Muface está en una situación incierta. Las tres aseguradoras que actualmente proporcionan asistencia sanitaria a los funcionarios dentro del marco de Muface -Adeslas, Asisa y DKV- han decidido no participar en la nueva licitación del servicio debido a que consideran que las condiciones económicas ofrecidas por el Gobierno son "claramente insuficientes", lo que podría afectar a 1,5 millones de empleados públicos.
El pasado viernes, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública se reunió con los directores generales de estas tres aseguradoras para presentarles las nuevas condiciones del convenio. El Gobierno propuso un aumento del 14% en la prima para los próximos dos años, cifra inferior al 24% que Muface había sugerido recientemente y muy por debajo del 40% que exigían las aseguradoras. Aunque inicialmente se esperaba que las negociaciones se reanudaran en una semana, el sector asegurador se retiró de la mesa al percibir una falta de voluntad negociadora por parte del Gobierno.
Las condiciones actuales del convenio generan pérdidas anuales de 200 millones de euros para las aseguradoras, según estimaciones del sector. Las compañías aseguran que un aumento del 14% en las primas solo empeoraría los costos ya asumidos debido a la inflación y el incremento de la siniestralidad. Los funcionarios cubiertos por Muface, como profesores y empleados de la Administración Civil del Estado, pueden elegir anualmente si desean recibir atención sanitaria de una de las aseguradoras privadas o del sistema público, optando por este último en el 75% de los casos.
El actual contrato de Muface expira este año, y el Gobierno tiene unos tres meses para licitar el servicio y garantizar su funcionamiento a partir del próximo año. Muface cubre actualmente a 1,5 millones de personas, incluidos funcionarios, jubilados y sus familiares. En septiembre, la patronal de la sanidad privada, ASPE, advirtió que una remuneración insuficiente en el convenio podría provocar un "éxodo" de funcionarios al sistema público de salud, lo que podría aumentar las listas de espera.
Según ASPE, Muface ahorra al Estado más de 890 millones de euros anuales, mientras que su desaparición tendría un impacto económico superior a los 1.000 millones de euros en la sanidad pública. Actualmente, la prima media de Muface es de 984 euros, frente a los 1.608 euros por ciudadano en el sistema público, según la Fundación IDIS.
En mayo, el presidente de Grupo Mutua, Ignacio Garralda, ya había advertido que sería "muy difícil" que Adeslas participara en la licitación si no mejoraban significativamente las condiciones económicas. Segurcaixa Adeslas está controlada en un 50,1% por Mutua y el 49,9% por CaixaBank. Con la retirada de las tres aseguradoras, se abre un período de incertidumbre para los funcionarios cubiertos por Muface. Según fuentes del sector, lo lógico sería que el Gobierno reabriera las negociaciones para mejorar las condiciones. Años atrás, aseguradoras como Sanitas y Mapfre abandonaron el convenio porque no les resultaba rentable continuar.
El sindicato CSIF, el mayor en el ámbito de la administración pública, ha exigido al ministro José Luis Escrivá que "asegure una financiación adecuada para el próximo convenio de Muface" y ha solicitado una mayor estabilidad en el mutualismo administrativo. El sindicato también subraya la necesidad de cerrar el acuerdo en octubre para garantizar la continuidad del servicio de salud a partir de 2025.