(El País, 14-03-2025) | Fiscal
La economía española enfrenta de manera constante una serie de riesgos fiscales que pueden desviar significativamente los objetivos inicialmente planteados. Estos riesgos, en su mayoría, son de naturaleza macroeconómica, ambiental y legal, y pueden ejercer un fuerte impacto en las finanzas públicas, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad fiscal es analizada con detalle. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha llevado a cabo un análisis y cuantificación de estos riesgos por primera vez, con el propósito de mejorar la planificación ante este tipo de contingencias en el futuro. Según sus cálculos, los riesgos de origen legal representan un coste aproximado de 1.000 millones de euros anuales, mientras que los de carácter natural ascienden a unos 2.600 millones por año.
En este análisis, la Airef ha identificado además limitaciones en el funcionamiento del Fondo de Contingencia, que debería ser el principal mecanismo para afrontar estos imprevistos. Sin embargo, más del 40% del gasto financiado con este fondo se destina a partidas recurrentes, lo que reduce su efectividad para cubrir gastos inesperados.
Los riesgos fiscales son factores que pueden generar desviaciones en las previsiones macroeconómicas. Estos pueden surgir de crisis sanitarias y económicas, como la provocada por la pandemia de la covid-19; desastres naturales, como los provocados por fenómenos meteorológicos extremos; o sentencias judiciales adversas para el Estado. En un contexto donde la frecuencia e intensidad de estos riesgos tiende a aumentar, la Airef subraya la importancia de una adecuada gestión, ya que esta contribuye a mejorar la planificación a medio plazo y a garantizar unas finanzas públicas más estables y sólidas.
Uno de los riesgos más relevantes es el de carácter legal, derivado principalmente de litigios contra el Estado. Entre 2014 y 2023, el coste de las resoluciones judiciales confirmadas ha supuesto un impacto medio de 1.000 millones de euros anuales para las arcas públicas, y existen aún numerosos casos pendientes cuyo efecto es incierto. Muchas de estas sentencias están relacionadas con impuestos como el de sociedades, la plusvalía municipal o el impuesto especial sobre los hidrocarburos, además de otras vinculadas a cánones y tasas.
Un ejemplo significativo es la sentencia del Tribunal Supremo en 2023, que determinó que ciertos contribuyentes que cotizaban en antiguas mutualidades habían realizado pagos indebidos a la Administración y debían ser compensados, lo que supondrá un impacto de al menos 1.700 millones de euros, cifra que podría aumentar en el futuro. También destaca la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, vigente entre 2013 y 2018, cuyo coste fiscal potencial se estima en 6.500 millones de euros para la Hacienda pública.
La Airef señala que algunos de estos problemas recurrentes se deben al uso inadecuado de herramientas legislativas, como el real decreto ley, o a una extralimitación normativa con respecto a lo establecido en la legislación vigente. Además, advierte que muchas de las sentencias adversas para España han surgido por incumplimientos de la normativa europea, como ocurrió con el impuesto sobre hidrocarburos. Por ello, la Autoridad Fiscal recomienda al Gobierno adoptar políticas fiscales más prudentes y estrategias que reduzcan la exposición a litigios. Entre sus propuestas, sugiere al Ministerio de Hacienda reforzar la evaluación del impacto financiero y legal antes de introducir cambios normativos relevantes y consultar con organismos europeos e internacionales para evitar disputas legales. Asimismo, considera fundamental la implementación de una estrategia judicial proactiva para reducir la duración de los litigios y minimizar los costos asociados a estos procesos.