(El País, 08-11-2024) | Fiscal
Los bancos continúan su campaña en contra del impuesto propuesto por el Gobierno para el sector financiero. Confían en que, durante el proceso parlamentario, puedan suavizar algunos aspectos que consideran perjudiciales de la tasa o incluso lograr que se retire, tal como sucedió con el impuesto a las eléctricas. Para ello, las asociaciones del sector han intensificado sus contactos con diversos grupos parlamentarios, especialmente Junts y PNV, dado que los 12 diputados que suman son clave para bloquear el plan del Ejecutivo.
Hasta ahora, los intentos del sector financiero por evitar la extensión del impuesto, que se introdujo en 2022 y expira en diciembre, no han tenido éxito. La semana pasada, el PSOE acordó con PNV y Junts una enmienda para incorporar un tipo mínimo en el Impuesto sobre Sociedades para multinacionales, y al mismo tiempo, extendió el impuesto a la banca durante tres años. Este gravamen, que se aplica al margen bruto de los bancos (intereses más comisiones), ahora excluye a entidades con ingresos inferiores a 100 millones de euros e introduce un sistema progresivo: los bancos con mayores operaciones en España pagarán un porcentaje más alto, comenzando con un 1% para los primeros 750 millones de base liquidable y llegando hasta un 6% para cifras superiores a 3.000 millones.
Este enfoque ha suscitado fuertes críticas en el sector, especialmente por parte del consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, quien lo denominó "tasa CaixaBank" debido al impacto significativo sobre su entidad, la de mayor tamaño en el mercado español. Las entidades critican la progresividad de la tasa, la exclusión de ciertos bancos y el hecho de que se aplique sobre ingresos y no sobre beneficios, como sucede en otras jurisdicciones europeas.
Según fuentes financieras, tanto la Asociación Española de Banca (AEB) como la CECA, que agrupa a las antiguas cajas, han intensificado sus conversaciones con partidos políticos coincidiendo con el inicio del trámite parlamentario. El debate comenzará en la Comisión de Hacienda la próxima semana. Los bancos buscan suavizar los aspectos más controvertidos del impuesto y reducir su duración, aunque reconocen que la posibilidad de eliminarlo es escasa. Por su parte, el PNV afirma que tiene un pacto cerrado con el PSOE y que no presionará para cambiarlo, aunque estudiaría nuevas enmiendas. Además, el pacto permite a su hacienda foral ajustar el impuesto, lo cual beneficia a entidades como BBVA y Kutxabank.
Aunque la banca no ha logrado frenar el impuesto, como sí hicieron las energéticas, ha conseguido ciertas reducciones. Se ha pactado una deducción del 25% en el Impuesto sobre Sociedades para aliviar lo que consideran doble imposición, y un ajuste en la cuota en caso de disminución de la rentabilidad, como en una crisis financiera. Fuentes del sector confían en que el texto final aún pueda modificarse.
Los bancos han reiterado sus críticas en diversas ocasiones, destacando que el impuesto es discriminatorio y que reducirá la oferta de crédito y limitará su participación en operaciones de mayor riesgo, como el financiamiento a pequeñas empresas. Esta semana, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) también se sumó a las críticas, argumentando que la extensión del impuesto por tres años es "una penalización ideológica" y que afectará el crédito, la competitividad del sector y la obra social de las antiguas cajas de ahorro.
No obstante, el impuesto cuenta con el respaldo de otros socios de la coalición gubernamental. Sumar, junto a Podemos, ERC, Bildu y BNG, han propuesto enmiendas para endurecer el impuesto y convertirlo en permanente, argumentando que las grandes empresas deben seguir contribuyendo debido a los beneficios obtenidos durante la crisis inflacionista y el alza de tipos de interés.
Estos impuestos extraordinarios se crearon en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios derivados de la situación económica, y han recaudado más de 2.800 millones de euros anuales, de los cuales 1.695 millones corresponden a la banca y 1.164 millones a las energéticas. Ahora, el Ministerio de Hacienda espera una recaudación similar bajo el nuevo esquema.