(Expansión, 04-11-2024) | Laboral
La última encuesta del Círculo de Empresarios señala que los altos costes laborales son la principal preocupación de las empresas. Un 61,9% de los empresarios encuestados lo considera el mayor obstáculo para el crecimiento de sus negocios. No obstante, el Gobierno del PSOE y Sumar está preparando un nuevo aumento de los costes empresariales para financiar el elevado gasto público proyectado para el próximo año. ¿Es viable que cada año sea más costoso mantener las plantillas en una economía con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea?
El reciente plan fiscal enviado por el Ejecutivo a la Comisión Europea prevé un aumento del 3,1% en los costes laborales de las empresas en 2025 y otro 2,7% en 2026, incrementos superiores a la inflación esperada y al crecimiento proyectado de los beneficios empresariales. Esta tendencia genera preocupación debido a la desaceleración en la creación de empleo en el sector privado en los últimos meses. El alto coste de contratación está llevando a muchas empresas a frenar sus planes de contratación.
A pesar del notable aumento de la contratación en los últimos años, la tasa de desempleo en España sigue siendo muy superior a la media de la zona euro, con un 11% frente al 6% de la media europea. La reforma laboral de 2012 no ha logrado reducir significativamente la temporalidad en el empleo, aunque ahora muchos de esos contratos se contabilizan como fijos discontinuos. Las bajas remuneraciones de estos contratos han llevado a un creciente número de trabajadores a tener dos o más empleos de este tipo, lo que podría explicar que el aumento de la contratación no se refleje en una reducción significativa del desempleo.
La carga fiscal sobre el empleo, conocida como cuña fiscal, afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que representan el 90% del tejido empresarial en España y que enfrentan mayores dificultades para absorber aumentos de costes. Esto incluye subidas como el incremento del salario mínimo, el recargo en las cotizaciones para financiar pensiones, o el destope de las bases máximas de cotización.
Esta situación ha aumentado la diferencia en términos de costes laborales por empleado en comparación con otros países europeos. La carga fiscal sobre el empleo en España ha aumentado durante los últimos tres años, situándose entre las más altas de Europa, sólo superada por Suecia, Francia e Italia. La propuesta de reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas, planteada como innegociable por la vicepresidenta Yolanda Díaz, agravaría aún más las cuentas de resultados de las pymes, muchas de las cuales aún no han recuperado la rentabilidad previa a la pandemia, mientras que sus costes laborales han seguido incrementándose.
El vínculo entre los crecientes costes de contratación y los altos niveles de desempleo en España es claro. Las cotizaciones sociales de las empresas representan el 25% de la recaudación fiscal en el país, 7,5 puntos por encima de la media europea del 17,7%. A diferencia de otros países de la zona euro, en España el 80% de las contribuciones sociales recaen sobre los empleadores.
Por ello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha propuesto que los trabajadores asuman directamente las contribuciones a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, lo cual ha generado controversia y críticas por parte del Gobierno, especialmente de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin embargo, esta propuesta cuenta con el respaldo de varias asociaciones empresariales, que la ven como una forma de visibilizar los costes que la política fiscal del PSOE y Sumar impone sobre las empresas.