(Cinco Días, 05-12-2024) | Mercantil, civil y administrativo

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está investigando posibles prácticas contrarias a la competencia relacionadas con acuerdos y/o el reparto de licitaciones para servicios de consultoría y asistencia técnica en ingeniería. Entre el 25 y el 28 de noviembre, el personal del organismo llevó a cabo inspecciones en las sedes de varias empresas del sector, tras una primera serie de inspecciones realizadas entre el 31 de enero y el 2 de febrero de este año.

Según un comunicado emitido por la entidad, presidida por Cani Fernández, estas actuaciones son un paso inicial en la investigación y no implican una conclusión sobre la culpabilidad de las empresas inspeccionadas. Si las inspecciones revelaran indicios de conductas prohibidas, se iniciará formalmente un expediente sancionador.

La CNMC ha recordado que los acuerdos entre competidores representan una infracción muy grave de la normativa de competencia, lo que podría acarrear sanciones de hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras. La lucha contra los cárteles es una prioridad para el organismo, debido al grave impacto que tienen sobre los consumidores y el funcionamiento adecuado de los mercados.

Para combatir estas prácticas, la CNMC dispone de un programa de clemencia que permite a las empresas implicadas en un cártel reducir o incluso eximir el pago de multas, siempre que colaboren proporcionando pruebas clave que ayuden a identificar estas prácticas o aporten información valiosa durante una investigación en curso. Además, las empresas que se acojan a este programa quedan exentas de la prohibición de contratar, que normalmente se aplica a las sancionadas por infracciones graves en materia de competencia.

Por último, el organismo ha destacado la existencia de su plataforma online Sistema de Informantes de Competencia Anónimos (SICA), que facilita la denuncia de prácticas anticompetitivas de forma completamente anónima. A través de esta herramienta, se pueden reportar conductas como acuerdos para fijar precios, repartos de mercados o clientes, y manipulaciones fraudulentas en licitaciones públicas o privadas.

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