(El País, 30-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo
El propósito es recuperar la competitividad perdida frente a Estados Unidos y China desde el inicio de este siglo, impulsando la productividad de las empresas europeas. Las primeras medidas incluyen la reducción de trámites administrativos para las compañías sin comprometer los objetivos medioambientales de la legislatura anterior, según insisten desde Bruselas; fomentar la innovación y avanzar en la integración financiera. Sin embargo, en los planes presentados este miércoles por los equipos de Ursula von der Leyen no se aclara si la Comisión Europea prevé aumentar el presupuesto común para financiar inversiones públicas. En su lugar, se menciona el fortalecimiento del Banco Europeo de Inversiones y la reestructuración del próximo presupuesto comunitario mediante la creación de un nuevo Fondo de Competitividad, sin ofrecer más detalles sobre su financiación.
Prácticamente puede afirmarse que la Comisión Europea, ratificada por el Parlamento hace dos meses en Estrasburgo, ha comenzado su actividad oficialmente este miércoles en Bruselas. La presidenta Ursula von der Leyen y el vicepresidente y responsable de estrategia industrial, Stéphane Séjourné, han presentado la Brújula de la Competitividad, un plan económico adelantado por El País. Su anuncio se ha visto retrasado debido a las vacaciones navideñas y a la convalecencia de Von der Leyen, cuya ausencia ha sido especialmente relevante en una estructura con un marcado carácter presidencialista. Curiosamente, este plan de acción parece responder, al menos en parte, a la posibilidad del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, un escenario que podría traer importantes cambios en el panorama global.
Este contexto se refleja en el énfasis en la "simplificación" burocrática para reducir la carga administrativa de las empresas. Aunque Von der Leyen ya había prometido esta medida en verano, antes de la victoria de Trump, las políticas desregulatorias anunciadas por el estadounidense, especialmente en el ámbito financiero, han acelerado la necesidad de acción en Europa. Un ejemplo de ello es el reciente intercambio en Davos entre Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y el nuevo mandatario estadounidense, donde la empresaria española elogió estos planes de desregulación.
En esta línea, la primera medida de la Comisión será el lanzamiento, el 26 de febrero, de un paquete de simplificación que incluirá la creación de una nueva categoría de empresas, intermedias entre pymes y grandes corporaciones, que se beneficiarán de una regulación más flexible con un enfoque similar al de las pymes. También se simplificará el mecanismo de ajuste de carbono en las fronteras para las pequeñas empresas. La insistencia en el término "simplificación" en los documentos oficiales no es casualidad: Bruselas evita el uso del término "desregulación" para no dar la impresión de una relajación de los estándares medioambientales.
Desde la Comisión advierten que abandonar el Pacto Verde sería un error estratégico, ya que Europa no produce energía fósil y la transición hacia energías limpias es una tendencia global. Este compromiso queda reflejado en la inclusión en la estrategia de un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040 y la confirmación de la eliminación de los coches con motores de combustión en 2035.
Por otro lado, el documento muestra cautela en lo que respecta a la inversión pública. La Comisión evita abrir este debate en profundidad, especialmente con las elecciones en Alemania programadas para el 23 de febrero. En términos presupuestarios, se plantea que el próximo marco financiero plurianual (2028-2034) modifique su estructura para priorizar la financiación de bienes públicos europeos y proyectos transnacionales. Asimismo, se menciona la creación de un Fondo Europeo de Competitividad, aunque sin especificar su dotación económica.
La gran incógnita sigue siendo si habrá más recursos comunes en el próximo ciclo presupuestario, ya sea a través de deuda conjunta, mayores aportaciones de los Estados o impuestos europeos. En el actual marco financiero (2021-2027), la pandemia justificó el uso de deuda común, pero en el siguiente periodo será necesario comenzar a amortizar esos préstamos, con un coste anual de 30.000 millones de euros. Sin una ampliación de los recursos, el margen para nuevas inversiones podría reducirse significativamente.
Ante este desafío, la Brújula de la Competitividad, en sus 28 páginas, pone mayor énfasis en fomentar la inversión privada. La Comisión Europea subraya que la financiación pública por sí sola no es suficiente y que es fundamental movilizar el capital privado a gran escala para garantizar el crecimiento económico.