(Expansión, 09-09-2024) | Fiscal
El Gobierno ha intentado calmar a las comunidades autónomas destacando que el acuerdo de financiación especial para Cataluña obliga a la Generalitat a hacer una contribución solidaria al resto de territorios. Sin embargo, esta aportación está condicionada y se ajustará según la política fiscal de las demás regiones. En concreto, el acuerdo entre PSC y ERC, que otorga a la Generalitat la gestión total de los impuestos de la región, establece una cuota que garantiza un nivel equivalente de servicios en las demás autonomías, aunque aclara que el pago dependerá de que las otras comunidades realicen un "esfuerzo fiscal similar" al de Cataluña. Dado que Cataluña tiene una de las presiones fiscales más altas del país, es probable que reduzca su contribución solidaria a las regiones con impuestos más bajos, que son la mayoría.
Para equilibrar la situación, el pacto de financiación incluye que, a cambio de recaudar el 100% de sus tributos, la Generalitat hará dos pagos al Estado. El primero será una "aportación por el coste de los servicios que el Estado presta a Cataluña", cuyo porcentaje aún está por definir. El segundo será una contribución a la solidaridad con las demás comunidades autónomas, aunque aún no se han detallado las cifras. Sin embargo, el acuerdo subraya que esta aportación busca que los servicios ofrecidos por los gobiernos autonómicos alcancen niveles similares, siempre y cuando las otras comunidades también hagan un esfuerzo fiscal comparable.
Fuentes cercanas a los negociadores del acuerdo admiten que la contribución solidaria de Cataluña se reducirá para los territorios que tengan una presión fiscal menor, lo que afectaría a la mayoría, especialmente a las doce comunidades gobernadas por el PP.
Según el informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2024, elaborado por el REAF, Cataluña es una de las regiones con mayores impuestos en los tramos autonómicos de varios tributos que ya gestiona. Por ejemplo, Cataluña aplica el quinto tipo marginal más alto del IRPF, con un 50%, superado solo por el 54% de la Comunidad Valenciana, el 52% de Navarra, el 51,50% de La Rioja y el 50,5% de Canarias. Otras comunidades, como Aragón y Asturias, tienen un tipo similar, mientras que diez regiones aplican tipos más bajos, incluyendo aquellas con umbrales de renta menores, como Extremadura o Murcia.
La contribución solidaria catalana también se verá reducida por otros impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones. En Cataluña, una herencia de 800.000 euros entre un padre y su hijo genera un pago de 44.569 euros, la tercera cifra más alta del país, solo por detrás de los 103.135 euros en Asturias y los 55.466 euros en Aragón. En otras regiones, este impuesto es mucho más bajo o incluso inexistente, como en Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia.
En cuanto al Impuesto sobre el Patrimonio, Cataluña también se sitúa entre las regiones con mayores gravámenes, con una tarifa de casi 42.000 euros sobre fortunas de cuatro millones, la tercera más elevada después de la Comunidad Valenciana y Cantabria. Otras regiones, como Andalucía, Murcia, Extremadura o Madrid, aplican tarifas mucho más reducidas, lo que las llevaría a recibir menos fondos de la contribución solidaria de Cataluña.
Esta diferencia fiscal no afectará a Madrid, que con su política de bajos impuestos es la principal aportante a la caja común y no recibe fondos de la contribución solidaria catalana. Tampoco afectará a Baleares, que también es un contribuyente neto. Sin embargo, mantener impuestos por debajo del nivel catalán podría reducir los recursos disponibles para otras regiones que dependen de la caja común y aspiran a recibir parte de la nueva cuota solidaria.
Aunque el sistema vigente ya modula las transferencias según la política fiscal de cada región, el nuevo modelo podría amplificar las diferencias, ya que los recursos aportados por Cataluña, la segunda mayor fuente de ingresos del país, se contabilizarán por separado y de forma limitada. Aún queda por definir quién comparará los esfuerzos fiscales de las distintas regiones respecto a Cataluña, bajo qué criterios y cómo se calculará la cuota solidaria inicial.
Además, sigue siendo una incógnita si el Gobierno logrará los apoyos necesarios en el Parlamento para aprobar esta reforma, que se ha comprometido a implementar en el primer semestre de 2025. Mientras tanto, el Ejecutivo también busca impulsar una reforma integral del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace una década, con la promesa de que todas las regiones recibirán más fondos.