(El Economista, 07-04-2025) | Fiscal
La ya conocida propuesta de aumentar el impuesto al diésel, que lleva varios años sobre la mesa del debate político, continúa sin materializarse. Aunque la previsión inicial apuntaba a su aprobación en torno al 30 de marzo -siguiendo los requerimientos de la Comisión Europea-, la decisión fue aplazada hasta el 11 de abril. Sin embargo, a pocos días del nuevo plazo, fuentes del Gobierno reconocen que "no hay novedades" al respecto.
Desde el sector de la automoción reina la misma incertidumbre. Organizaciones como Faconauto o la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) aseguran no tener información alguna sobre el avance del proceso. De hecho, en esta última ya dan por hecho que la subida no se llevará a cabo, debido a la falta de apoyos parlamentarios por parte del Ejecutivo.
El cambio fiscal propuesto implicaría elevar el impuesto actual desde 0,307 hasta 0,4 euros por litro, lo que, con el añadido del IVA, aumentaría aún más el precio final al consumidor. Aunque desde el Ministerio de Economía insisten en que "todavía se está dentro del plazo", los tiempos apremian. Al tratarse de una modificación del Impuesto Especial de Hidrocarburos, sería necesario tramitarla en el Congreso, y ya ni siquiera mediante decreto-ley parece viable aprobarla a tiempo.
Además, la medida no cuenta con el respaldo necesario de los socios parlamentarios del Gobierno. Cabe recordar que en 2020 el PNV logró frenar esta subida a cambio de apoyar los Presupuestos Generales. Más recientemente, la oposición de Podemos a priorizar este incremento fiscal frente a un impuesto permanente a las energéticas -rechazado a su vez por Junts y el propio PNV- terminó por bloquear su avance en 2024.
Aun así, el Gobierno no descarta retomar la negociación con los diferentes grupos parlamentarios, como ya ocurrió en su momento con el PNV, cuya postura pasó del rechazo al apoyo. El futuro de esta reforma tributaria, por tanto, sigue en suspenso. Desde el Ministerio de Hacienda reconocen que "todo dependerá del resultado de las conversaciones con Bruselas", mientras que Economía confirma que el diálogo con la Comisión Europea sigue abierto.
Y es que, aunque esta subida lleva planteándose desde 2018, ha terminado convirtiéndose en uno de los hitos exigidos por la Unión Europea para liberar el quinto tramo de los fondos Next Generation. En total, España debe cumplir 84 objetivos en este bloque. "Es una negociación global y bastante compleja", explican desde el ministerio liderado por Carlos Cuerpo.
No obstante, el Ejecutivo asegura que el retraso en este asunto no compromete los más de 25.000 millones de euros en subvenciones y préstamos que le corresponden a España. En Hacienda insisten en que nuestro país es uno de los que más requisitos cumple dentro del marco europeo. Para la Comisión, reducir el uso del diésel -por su elevado nivel contaminante- es prioritario, y por ello exige penalizar su consumo mediante la vía fiscal.
En paralelo, el uso de este combustible en España ha disminuido de forma notable. Según datos de Anfac, Ganvam y Faconauto, en marzo de 2025 las matriculaciones de vehículos diésel cayeron un 27,5% en comparación con el año anterior. Actualmente, este tipo de coches representa apenas un 15% del mercado, muy lejos del 80% que alcanzaban no hace tanto tiempo, gracias, en buena medida, a la ventaja fiscal que todavía conservan (una bonificación de 0,20 euros por litro).
El precio históricamente más bajo del diésel se explica porque su proceso de refinado es más económico que el de la gasolina. Durante años, esta diferencia favoreció especialmente a las rentas más bajas, por lo que las políticas fiscales buscaron mantener esa ventaja. Sin embargo, con el paso del tiempo y la creciente presión medioambiental, Bruselas y el propio Gobierno han cambiado el enfoque. Aun así, el intento de subir el impuesto fue retirado en 2021, ante la fuerte escalada de precios de los carburantes. Desde entonces, el debate permanece abierto, aunque sin avances concretos.