(El País, 27-01-2025) | Laboral
Tras once meses de negociaciones en el marco del diálogo social para desarrollar el compromiso del Gobierno de reducir la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales, no se ha alcanzado un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. De hecho, las organizaciones empresariales han rechazado frontalmente la propuesta, presentando un extenso documento de más de 50 páginas en el que critican duramente el anteproyecto de ley impulsado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. En dicho informe, registrado ante la Dirección General de Trabajo, los empresarios aluden de manera reiterada a la supuesta "inconstitucionalidad" de la medida.
El texto destaca por su tono crítico, tanto hacia el contenido de la reforma como hacia la forma en que el Ministerio de Trabajo ha gestionado el proceso de diálogo social. Según los empresarios, "la acción política está desnaturalizando el diálogo social, transformándolo en una herramienta de comunicación política en lugar de un mecanismo para generar consensos estables y duraderos". También califican las reuniones mantenidas como "encuentros ficticios diseñados para cumplir con intereses mediáticos", y argumentan que no se ha respetado el espíritu constitucional del proceso negociador.
Una de las principales objeciones de la patronal se centra en el impacto que la reducción de jornada tendría sobre la negociación colectiva. Señalan que muchos convenios actuales establecen jornadas superiores a 37,5 horas semanales y defienden que cualquier modificación debería aplicarse únicamente una vez vencidos estos acuerdos. Afirman que la regulación legal de la jornada laboral invade un ámbito reservado al derecho a la negociación colectiva, por lo que consideran que el anteproyecto vulnera la Constitución.
A lo largo del documento, las patronales CEOE y Cepyme recurren a expresiones como "invadir", "dirigir" o "colonizar" para describir lo que consideran una intromisión en la autonomía de las partes sociales. También critican el desconocimiento que, a su juicio, refleja el borrador sobre la realidad económica y laboral del país. En este sentido, recuerdan que la mayoría de los países de la Unión Europea mantienen jornadas de 40 horas semanales y aseguran que, para alcanzar niveles de productividad similares, España necesitaría una jornada efectiva cercana a las 41,2 horas semanales.
En la segunda parte de su informe, los empresarios presentan una revisión completa del articulado del anteproyecto de ley. Proponen eliminar las nuevas disposiciones sobre el derecho a la desconexión, argumentando que incluyen un "exceso protector" que trata a los trabajadores como si fueran menores de edad. También rechazan las modificaciones para endurecer el registro horario y las sanciones a empresas que incumplan con esta obligación, advirtiendo que el sistema propuesto podría aumentar los litigios y saturar los tribunales.
El registro de estas alegaciones ha generado malestar en el Ministerio de Trabajo, especialmente porque los empresarios esperaron al final del proceso de diálogo social para detallar sus objeciones. Por su parte, desde la patronal justifican su proceder alegando que no conocieron el contenido completo del anteproyecto hasta el 20 de diciembre, con solo siete días hábiles para formular sus propuestas, coincidiendo además con el trámite de audiencia pública. Asimismo, acusan al Ministerio de incumplir el artículo 7 de la Constitución, que regula la actividad de los interlocutores sociales.
Mientras tanto, la confrontación entre ambas partes sigue en aumento, dejando la viabilidad de la reducción de la jornada laboral como un asunto incierto y pendiente de resolución.