(El País, 04-04-2025) | Laboral
La entrada en vigor de la nueva normativa sobre jubilación parcial anticipada para el personal de la Administración General del Estado (AGE) se retrasará hasta el último trimestre del año, según comunicaron los responsables de Función Pública a los sindicatos que participan en la negociación del IV Convenio Único para el sector público estatal, de acuerdo con la información difundida este miércoles por el sindicato CSIF. Asimismo, esta organización sindical ha denunciado que este retraso también afectará al personal laboral de otras administraciones.
Esta normativa, que comenzó a aplicarse el martes para los trabajadores del sector privado y el personal laboral de la administración, establece que la posibilidad de acogerse a esta modalidad de jubilación para el personal laboral del sector público quedará supeditada a la entrada en vigor de una nueva tasa adicional, prevista en la oferta de empleo público de 2025. Hasta ahora, este colectivo tenía acceso regular a la jubilación parcial, pero con la normativa vigente desde el 1 de abril, las administraciones deben contratar a un trabajador relevista con contrato indefinido y a tiempo completo para sustituir al empleado que se jubile parcialmente. Sin embargo, las actuales reglas de contratación del Estado dificultan la realización de estos contratos de relevo.
Para resolver esta situación, el Gobierno deberá primero aprobar la nueva oferta de empleo público, algo previsto entre junio y julio, y posteriormente establecer una tasa adicional que permita contabilizar la contratación de relevistas de forma independiente a la oferta oficial. Según lo comunicado este miércoles a los sindicatos CSIF, CC OO y UGT, esta tasa no estará lista hasta finales de año. Además, sigue pendiente la definición del mecanismo para la incorporación de los relevistas, según ha denunciado CSIF.
Además de regular el acceso del personal laboral a la jubilación parcial anticipada, el Gobierno también debe extender esta opción a los funcionarios y empleados públicos de todas las administraciones. Este compromiso fue alcanzado por el ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, con los sindicatos CC OO y UGT. No obstante, desde CSIF han advertido que tanto los funcionarios como el personal estatutario no podrán acogerse a este derecho hasta que se apruebe la Ley de Función Pública, que actualmente se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso e incluye una enmienda sobre este asunto.