(El País, 17-02-2025) | Laboral
La licitación del nuevo concierto sanitario de Muface está en plena ebullición. El contrato con el que el Gobierno busca aseguradoras privadas para prestar atención médica a 1,53 millones de funcionarios y sus familiares pasó de quedar desierto el pasado 5 de noviembre a despertar el interés de compañías como Sanitas, Mapfre y Axa, que están analizando las condiciones del acuerdo tras años de ausencia en este modelo de colaboración público-privada. Estas empresas se suman a Adeslas, Asisa y DKV, que ya forman parte del concierto 2021-2024 (prorrogado hasta abril) y han confirmado que también están evaluando la nueva propuesta.
El pliego actual contempla una mejora del 41,2% en la remuneración que recibirán las aseguradoras por atender a los empleados públicos, un incremento significativo que responde a la presión del sector para aumentar las aportaciones a un sistema que llevaba tiempo infrafinanciado y generando pérdidas. En un primer intento, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública propuso un alza del 17% en la prima media, pero no obtuvo ninguna oferta. Luego, en un segundo intento, elevó la propuesta hasta el 33,5%, con la única respuesta positiva de Asisa. Esto llevó al Gobierno a mejorar aún más la oferta actual, que también incluye la posibilidad de compensaciones en caso de pérdidas.
El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconoció durante la presentación de resultados de la compañía que, hasta la última propuesta del ministerio, la aseguradora tenía claro que no participaría en el concierto de Muface. Sin embargo, ahora, con las nuevas condiciones, analizarán detenidamente el contrato antes de tomar una decisión definitiva. Aun así, Huertas subrayó que Mapfre se encuentra en una posición cómoda en el sector de seguros de salud y no siente presión para regresar a este modelo, del que salió en 2009.
Otras compañías que en su momento formaron parte del concierto y luego optaron por retirarse también están revisando con detalle el nuevo marco contractual. Sanitas, la segunda mayor aseguradora de salud en España, dejó de participar en Muface en 2013 y, aunque ahora está estudiando el pliego, fuentes cercanas a la empresa señalan que es poco probable que cambie su postura, debido a las dificultades que históricamente ha supuesto este convenio.
Axa es otra de las aseguradoras que está analizando las condiciones. Aunque nunca formó parte directamente del concierto, su filial Igualatorio de Cantabria sí estuvo presente hasta que la aseguradora francesa la adquirió hace cinco años y decidió abandonar el acuerdo. Con la reciente mejora del 41,2%, Axa ha optado por volver a evaluar la posibilidad de presentarse.
Las compañías interesadas en participar tienen hasta el 4 de marzo para formalizar su candidatura. A diferencia de otras contrataciones públicas, este proceso no se basa en una licitación competitiva, sino en un contrato marco al que pueden sumarse todas las aseguradoras que cumplan con los requisitos establecidos.
A pesar del renovado interés en el sector, persisten dudas sobre si alguna de las empresas que estaban fuera del concierto se atreverá a dar el paso. "Es una decisión compleja, porque entrar en Muface puede desviar el foco de otros negocios estratégicos. Hay que estudiarlo con mucha cautela", señala el consejero delegado de una de las compañías implicadas.
Tanto Asisa como SegurCaixa Adeslas -participada en un 50% por Mutua Madrileña y CaixaBank- han declarado que la mejora de la prima propuesta por el Ejecutivo ahora sí responde a sus demandas. Por su parte, DKV también está revisando el contrato, aunque su interés por volver a participar parece menor.
Las mutualidades de funcionarios tienen su origen en el franquismo, cuando se crearon para ofrecer asistencia médica a los empleados públicos antes de la instauración de la sanidad universal. Con la llegada de la democracia, el sistema se reorganizó y quedó reducido a tres grandes mutualidades: Muface, la más grande, que cubre a profesores, policías nacionales, funcionarios de prisiones e inspectores de Hacienda; Isfas, que atiende a militares y guardias civiles; y Mugeju, destinada a jueces, fiscales y personal de la administración de justicia.
En total, estas mutualidades agrupan a 1,5 millones de funcionarios, y si se suman sus familiares directos, el número de beneficiarios supera los dos millones de personas. Sin embargo, solo un tercio de los empleados públicos en España está bajo el modelo Muface, ya que la mayoría de trabajadores municipales y autonómicos -excepto los docentes- no tienen acceso a este sistema. Con el actual modelo de mutualismo, los funcionarios pueden elegir cada año entre la sanidad pública o privada, aunque la tendencia ha ido cambiando con el tiempo: actualmente, el 75% sigue optando por la sanidad privada, aunque esta proporción ha ido disminuyendo en los últimos años.