(El Economista, 20-02-2025) | Laboral
La Mutualidad de la Abogacía ha solicitado al Gobierno la gestión de los fondos de los profesionales que se incorporen al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, hasta que estos alcancen la edad de jubilación o tengan derecho a una pensión por invalidez.
Para ello, la entidad ha presentado una serie de enmiendas a la proposición de ley impulsada por el PSOE, que busca permitir el traspaso voluntario de los abogados mutualistas al RETA con el propósito de mejorar sus pensiones. Entre sus propuestas, la Mutualidad reclama que se revierta la medida prevista para 2027, según la cual los nuevos abogados deberán cotizar obligatoriamente en la Seguridad Social, eliminando así la opción de elegir entre este sistema y el de mutualidad.
El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, ha instado al Congreso de los Diputados a agilizar la tramitación de la ley, ya que desde su presentación por parte del PSOE en noviembre del año pasado, aún no ha sido admitida a trámite. "Necesitamos certidumbre sobre el destino de esta normativa para poder diseñar una estrategia acorde con su impacto en el RETA", ha señalado Sanz Fernández-Lomana.
La propuesta legislativa pretende dar solución a la situación de miles de abogados que, tras haber cotizado durante toda su carrera en la Mutualidad de la Abogacía, perciben pensiones inferiores a los 500 euros. Según las estimaciones de la entidad, de los 65.000 abogados mutualistas que realizan aportaciones, alrededor de 2.500 recibirán menos de 500 euros de pensión, 15.000 obtendrán entre 500 y 700 euros mensuales, y los 35.000 restantes superarán los 700 euros.
Para mejorar estas prestaciones, tanto de abogados como de procuradores, la proposición de ley plantea la posibilidad de que estos profesionales puedan trasladarse voluntariamente al RETA, llevándose consigo el capital acumulado en sus mutualidades. Sin embargo, la Mutualidad de la Abogacía discrepa con este planteamiento, ya que la transferencia de los fondos de manera inmediata obligaría a deshacer inversiones antes de su vencimiento, lo que generaría pérdidas económicas. En su lugar, proponen un traspaso progresivo de los fondos conforme los profesionales se vayan jubilando.
Además, la ley establece que solo podrán incorporarse a la Seguridad Social aquellos abogados que estuvieran adscritos a una mutualidad antes del 1 de enero de 2023 y que cumplan tres requisitos: no haber alcanzado el período mínimo de cotización para acceder a una pensión de jubilación en la Seguridad Social, estar en activo como colegiados al 31 de diciembre de 2022 y no ser pensionistas ni en el sistema público ni en la mutualidad.
El motivo de las bajas pensiones que perciben abogados y procuradores radica en que las aportaciones a la mutualidad representan solo el 80% del mínimo exigido en la Seguridad Social. Por ello, la normativa propuesta obligará a aquellos que opten por el RETA a incrementar sus cotizaciones hasta equipararlas con las del resto de los trabajadores autónomos de cara a 2027.
Por otro lado, Sanz Fernández-Lomana ha reconocido que, en caso de aprobarse la ley, parte de los ahorros gestionados por la Mutualidad se verían afectados, aunque ha descartado problemas de liquidez. Actualmente, la entidad administra un total de 11.000 millones de euros, de los cuales solo un tercio corresponde a los mutualistas que tienen un régimen alternativo.
Asimismo, ha señalado que la Fundación Mutualidad destinó en 2024 un millón de euros en ayudas para jubilados con pensiones reducidas, pero solo 45 personas solicitaron esta asistencia. En lo que va de año, la demanda ha sido aún menor, con solo 35 solicitudes presentadas.