(El Economista, 11-11-2024) | Fiscal
La Agencia Tributaria ha decidido mantener en pausa la obligación de que pymes y autónomos facturen electrónicamente. Fuentes fiables señalan que este proyecto, que aún no cuenta con el Real Decreto necesario para su desarrollo reglamentario, no se aplicará hasta, al menos, 2027 para aquellos que facturen menos de 8 millones de euros anuales. Esta normativa, originada en la Ley Crea y Crece de 2022, busca que todas las empresas y profesionales emitan facturas digitales para facilitar el seguimiento de los pagos y reducir la morosidad, dejando atrás el formato en papel.
Es importante distinguir esta medida de la establecida en la Ley Antifraude de 2021, que desde 2026 obligará a empresas y profesionales con ingresos inferiores a 6 millones de euros a compartir información de facturación y contabilidad con Hacienda en tiempo real. Mientras que esta última normativa no exige la digitalización de las facturas, sino solo enviar ciertos datos de las mismas (como el emisor, la fecha, el número de serie y el importe), la facturación electrónica sí obliga a que cada factura se elabore en formato digital con todos sus detalles.
Este proyecto de facturación digital está encabezado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, aunque su ejecución técnica recae en la Agencia Tributaria. Economía puso en audiencia pública un proyecto de Real Decreto en junio de 2023, pero aún no se ha aprobado. Dicho borrador establecía que las empresas con ingresos superiores a 8 millones de euros tendrían que implementar la facturación electrónica un año después de la aprobación del Decreto, mientras que aquellas con ingresos menores tendrían dos años para adaptarse. Por lo tanto, aunque se aprobara pronto, la exigencia para las empresas más pequeñas no entraría en vigor hasta 2027.
Las asociaciones de pymes y autónomos han criticado esta obligación debido al coste que implica adquirir un sistema de facturación electrónica. Para ayudar a mitigar este gasto, la Agencia Tributaria anunció en 2023 que planea desarrollar una aplicación gratuita destinada a estos profesionales, aunque no especificó qué condiciones deberían cumplir para acceder a ella, lo cual se interpretó como una opción solo disponible para negocios con menor volumen de facturación.
Recientemente, el PSOE ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Impuesto mínimo del 15% para Sociedades, a fin de impulsar el desarrollo de esta plataforma de facturación electrónica de la Agencia Tributaria. La propuesta plantea que la Administración fiscal "desarrollará y gestionará, en los términos que se establezcan reglamentariamente, una solución pública de facturación electrónica". En esta ocasión, el texto no limita el acceso a empresas con baja facturación, lo cual sugiere que podría estar disponible para cualquier sociedad o profesional que desee utilizarla. El uso de esta plataforma pública será voluntario. No obstante, aquellos que prefieran una solución privada deberán enviar a Hacienda una copia exacta de cada factura emitida, además de informar si el pago ha sido realizado.