(El Economista, 22-10-2024) | Laboral
El riesgo de inseguridad jurídica vuelve a ser una preocupación en las relaciones laborales en España. Durante 2024, las demandas por despido han alcanzado un nivel sin precedentes desde la crisis financiera, lo cual es sorprendente considerando el actual contexto de crecimiento económico. Según los expertos en derecho laboral, esto se debe a que las recientes reformas legales han provocado un aumento en las sentencias que no solo declaran más despidos como nulos, sino que también establecen indemnizaciones superiores a los límites actuales, a pesar de que esta cuestión aún no está claramente definida en el Estatuto de los Trabajadores. Este ambiente de incertidumbre legal no está deteniendo los despidos, pero podría afectar negativamente las contrataciones.
Los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) indican que en el segundo trimestre de 2024 se presentaron 41.616 demandas por despido, lo que supone un incremento del 22% respecto al mismo periodo de 2022 y del 48% comparado con el segundo trimestre de 2019, el último año comparable antes de la pandemia. Esta cifra es la más alta desde el primer trimestre de 2013, cuando se registraron 41.878 casos en los juzgados de lo social. En el primer trimestre de 2024, se contabilizaron otras 39.883 demandas, sumando un total de 81.499 en el primer semestre, solo superadas por los números registrados en 2013.
Estas estadísticas judiciales coinciden con otros indicadores, como los datos de la Seguridad Social, que también muestran un notable aumento de despidos, una situación no vista desde la Gran Recesión. Sin embargo, el número de bajas por despido es mucho mayor que los procesos judiciales abiertos. Durante los primeros seis meses de 2024, se registraron 521.891 bajas por despido, y en agosto la cifra ascendió a 698.091, un 83,9% más que en el mismo periodo de 2019.
La diferencia entre los despidos registrados y las demandas presentadas se debe, en parte, a la volatilidad de la afiliación, pero principalmente a que muchos despidos no llegan a los tribunales. Esto es relevante porque, aunque el Gobierno atribuye el aumento de despidos al crecimiento de la contratación indefinida tras la reforma laboral, es menos claro cómo esta relación causa-efecto influye en las demandas. La mayoría de los despidos se dan en contratos recientes con poca indemnización acumulada, lo que lleva a que muchos trabajadores no recurran, especialmente si encuentran rápidamente otro empleo.
En los casos en los que se interpone demanda, sobre todo cuando el despido es disciplinario (sin indemnización), el proceso suele terminar en un acuerdo en el acto de conciliación, siendo el juicio el último recurso debido a su complejidad y lentitud, a pesar de que la justicia es gratuita para los trabajadores. El aumento de demandas es especialmente notable dado que la reforma laboral de 2021 no modificó ni las indemnizaciones ni las causas del despido respecto a las establecidas en 2012, vigentes también durante 2020, al inicio de la pandemia.
El contexto de 2024 es muy diferente al de 2013. En ese año, España aún sufría las secuelas de la crisis financiera, y la reforma laboral de 2012 cambió las normas del despido, reduciendo la indemnización y clarificando las causas, lo que inicialmente aumentó la inseguridad jurídica. Además, permitía presentar demandas individuales en casos de despido colectivo, incluso con acuerdo entre empresa y sindicatos, lo que incrementó la judicialización. Sin embargo, el impacto de estos cambios fue limitado, y la situación se estabilizó en los años posteriores.
La situación actual se distingue porque los cambios que afectan al despido no provienen de una reforma laboral, sino de modificaciones en leyes de carácter social, como la Ley 15/2022 para la igualdad de trato y no discriminación, que estableció la nulidad del despido en caso de enfermedad o incapacidad temporal. En 2023 se añadió la protección frente al despido de quienes solicitaran adaptaciones de jornada o permisos para cuidar a familiares.