(El Economista, 21-11-2024) | Laboral
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha fijado febrero de 2025 como fecha para la entrada en vigor de los nuevos coeficientes reductores. Este reglamento permitirá que las organizaciones patronales y sindicales, en representación de los trabajadores de actividades con alta siniestralidad o numerosas bajas, puedan solicitar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada. Según las estimaciones, algunos trabajadores podrían beneficiarse de esta medida hacia finales del verano, ya que el proceso entre la solicitud y su resolución toma aproximadamente seis meses. Cabe destacar que no se aplicará a sectores completos, sino únicamente a las ocupaciones consideradas más exigentes.
"El pasado 22 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó esta normativa mediante tramitación urgente. Posteriormente, se sometió a audiencia pública como muestra de transparencia. Actualmente, los servicios técnicos y jurídicos están evaluando las alegaciones presentadas, y después se enviará al Consejo de Estado para que emita su dictamen en un plazo de 15 días", explicó Saiz, quien reiteró que el objetivo es implementar la norma lo más pronto posible, con vistas a febrero de 2025.
La ministra subrayó que estos coeficientes reductores aportarán "certeza" y ampliarán los derechos laborales, avanzando en protección social. Según Saiz, es "prioritario" que cualquier colectivo que considere tener derecho a la jubilación anticipada pueda solicitarlo y obtener una respuesta objetiva, considerando tanto las exigencias físicas y psíquicas de ciertas ocupaciones como la perspectiva de género.
Esta medida forma parte de la última reforma de pensiones, que fue aprobada con el respaldo de sindicatos y patronales. Su finalidad es reducir la edad de acceso a la jubilación para ocupaciones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres, caracterizadas por altos índices de morbilidad o mortalidad. Para determinar estos índices se considerarán todas las bajas laborales, no solo aquellas derivadas de contingencias profesionales, en respuesta a las demandas de los representantes de los trabajadores.
La norma abarcará tanto a empleados por cuenta ajena como a autónomos, exceptuando a aquellos que ya cuentan con sistemas propios de coeficientes reductores, como policías, marineros o mineros. No obstante, los beneficios se aplicarán únicamente a ciertas actividades dentro de cada sector, dependiendo de las características específicas de cada ocupación. Además, solo se activarán en los casos en los que no sea posible adaptar el puesto de trabajo.
Durante su intervención en el Congreso, Saiz respondió a una pregunta de la diputada del PNV Maribel Vaquero sobre la inclusión de cuidadores de personas con alto grado de dependencia en este sistema. Vaquero recordó que estas personas quedan excluidas porque la penosidad no deriva de una relación laboral, sino del cuidado en sí. Aunque insistió en la necesidad de buscar soluciones para quienes compatibilizan trabajo y cuidados, Saiz no ofreció una respuesta concreta al respecto.
El proceso de solicitud se iniciará a instancia de los sindicatos o patronales representativos del sector, ya sea de forma conjunta o por separado. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social tendrá un plazo de seis meses para resolver cada caso. Se espera que, una vez en vigor, el Ministerio reciba numerosas solicitudes de colectivos que llevan tiempo reclamando estos coeficientes, como transportistas, trabajadoras de ayuda a domicilio o camareras de piso. Si el reglamento comienza a aplicarse en febrero de 2025, los primeros beneficios podrían concederse entre agosto y septiembre.
Según establece la normativa, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe que evaluará la morbilidad y siniestralidad del colectivo, identificará los indicadores básicos, determinará sus umbrales y analizará el impacto del trabajo, considerando especialmente factores como la edad y el género.