(El País, 12-12-2024) | Fiscal
La exención fiscal que actualmente beneficia a los combustibles empleados por aviones y barcos tiene altas probabilidades de mantenerse en la Unión Europea. La mayoría de los Estados miembros, incluida España, parecen estar a favor de conservar este privilegio, según lo observado en la reunión de los ministros de Finanzas de la UE celebrada este martes. Solo Francia, Bélgica y Países Bajos han respaldado la propuesta de la Comisión Europea para eliminar dicha ventaja fiscal. Sin embargo, el Ecofin, que reúne a los responsables financieros de los países miembros, aún no ha tomado una decisión, ya que la discusión solo sirvió para abordar el tema sin llegar a acuerdos definitivos.
La propuesta de reforma fiscal sobre productos energéticos presentada por la Comisión Europea lleva más de tres años en debate. Esta iniciativa plantea eliminar las exenciones fiscales actuales para los combustibles utilizados en aviación y navegación, así como incrementar la tributación de los hidrocarburos más contaminantes. Su objetivo es proporcionar un marco normativo que facilite la neutralidad climática en 2050 y cumpla con las metas del Pacto Verde Europeo.
Sin embargo, alcanzar un consenso entre los Estados miembros resulta complicado debido a la necesidad de unanimidad para aprobar cualquier cambio en esta área. La fiscalidad y su gestión son competencias exclusivas de los Estados, y cualquier modificación a través de directivas europeas exige el acuerdo unánime, similar a lo que ocurre con la política exterior.
Para intentar desbloquear la situación, Hungría, que preside este semestre el Consejo de la UE, presentó un documento de debate. Este texto reconoce que la fiscalidad en los sectores de aviación y navegación es uno de los puntos más conflictivos de las negociaciones. Por ello, propone mantener el marco actual y añadir una cláusula de revisión en 2035, posponiendo cualquier cambio significativo por una década.
España ha apoyado esta propuesta. La secretaria general del Tesoro, Paula Conthe, quien representó al Ministerio de Economía en la reunión, argumentó que estos ajustes no afectan el objetivo principal de alinear los impuestos energéticos con la descarbonización económica. Otros países, como Italia y Alemania, también han respaldado el enfoque húngaro, destacando la necesidad de considerar los impactos económicos y la competitividad europea.
En contraste, Francia y Bélgica han lamentado la falta de ambición de la propuesta, señalando que excluir a los sectores aéreo y marítimo dificultará alcanzar los objetivos climáticos establecidos. El comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, advirtió que si estos sectores no contribuyen significativamente a la reducción de emisiones, la carga recaerá en otros ámbitos como el transporte terrestre o la industria. Aunque no se llegó a una decisión definitiva, las posturas enfrentadas evidencian los desafíos para equilibrar los objetivos climáticos de la UE con los intereses económicos de sus Estados miembros.