(El Economista, 15-10-2024) | Laboral
El Gobierno se reserva una opción hasta febrero de 2025 si no se llega a un acuerdo con las aseguradoras. Según se especifica en los pliegos técnicos del actual convenio, que finaliza el 31 de diciembre, las aseguradoras estarán obligadas a seguir prestando servicio a los mutualistas que estén adheridos al plan hasta el último día del año, al menos durante el primer mes del año siguiente.
Además, las compañías tampoco podrán dejar sin cobertura privada de un día para otro a los pacientes que estén hospitalizados o tengan programado un parto en febrero. Los pliegos establecen que "las entidades deberán seguir proporcionando asistencia hasta que se dé el alta hospitalaria o finalice la atención por maternidad, según corresponda."
Si la hospitalización se extiende, las aseguradoras deberán seguir cubriendo a esos mutualistas hasta finales de marzo de 2025. No obstante, tras esta fecha, el fin del concierto dejaría a los pacientes en una situación incierta, ya que el documento solo prevé que Muface consiga, al menos, un proveedor dispuesto a participar en el nuevo concierto. En ese caso, la entidad que participe en el acuerdo se haría cargo de esos pacientes, pero no se contempla el escenario de que la licitación quede vacía.
Por otro lado, las aseguradoras no ofrecerán estos servicios de manera gratuita en enero, ya que tendrán derecho a recibir la prima mensual fija por cada mutualista que estaba adherido a Muface en diciembre. Sin embargo, Muface retendrá el 10% de la prima hasta el 31 de diciembre de 2026.
Esto implicaría que las aseguradoras seguirían teniendo pérdidas durante un mes adicional en 2025. El tamaño de dichas pérdidas puede variar, pero según un informe de Adeslas encargado a las universidades de Málaga y Granada, esa compañía reportó pérdidas mensuales de más de 6 millones de euros en 2023.
Además, en la renovación del acuerdo, el Gobierno ha incluido reducciones significativas en el coste de los dos tratamientos más caros del catálogo de servicios. Por un lado, el Estado solo cubrirá el 60% de las terapias avanzadas, y por otro, las sesiones de protonterapia (un avance en radioterapia oncológica) se pagarán a 24.000 euros, mientras que la sanidad pública las financia entre 30.000 y 35.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma.
Estos precios serán uno de los aspectos clave que las aseguradoras analizarán antes de responder a la propuesta del Gobierno. Según adelantó este medio, el plazo para dar una respuesta finalizará el próximo 5 de noviembre.