(Expansión, 10-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
Las auditoras y las empresas, comenzando por las grandes y seguido de medianas y pequeñas, se preparan para incluir en sus cuentas anuales una gran cantidad de cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, algo que hasta ahora no tenía tanta relevancia.
La causa de este cambio es la adaptación de la directiva europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), publicada a finales de 2022, que actualmente está en el Consejo de Estado con el objetivo de ser aprobada en el Parlamento antes de que termine el año, ya que el plazo máximo se cumplió en julio. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos, está a cargo de esta transposición, tras haber tenido un papel importante en los trabajos preparatorios y en el proyecto legislativo para su implementación en España.
Aunque la transposición de la directiva anterior sobre información no financiera (NFRD) ya amplió las exigencias para las empresas afectadas, incluyendo más detalles en los contenidos del Estado de Información No Financiera (EINF) y la obligación de que esta información fuera verificada por un auditor independiente, la CSRD va más allá y prevé un cambio profundo: su objetivo es que la información sobre sostenibilidad llegue a ser tan importante y confiable como la financiera, permitiendo comparar y asegurar la veracidad de los datos.
Las firmas de auditoría están trabajando con vistas a la aprobación de esta ley, que introduce importantes modificaciones tanto en la cantidad de requisitos como en su contenido. Uno de los principales cambios es la incorporación del concepto de doble materialidad. Como explica Pablo Bascones, socio responsable de Sostenibilidad y Cambio Climático en PwC, esto implica que las empresas no solo deben informar sobre cómo afectan al cambio climático, sino también sobre cómo el cambio climático impacta en su negocio. Además, el sistema de reporte también cambiará: el estándar Global Reporting Initiative (GRI), utilizado hasta ahora, será reemplazado por 12 nuevos estándares que incluyen más de 1.000 requisitos. También se incluye la cadena de valor en los reportes de doble materialidad y en las métricas cualitativas y cuantitativas, lo que obliga a las empresas a informar sobre el comportamiento de sus proveedores y los impactos generados a lo largo de toda la cadena de valor.
Desde la perspectiva de las empresas, la CSRD exige un enfoque más integrado y transversal en su funcionamiento, según Ramón Pueyo, socio responsable de Sostenibilidad y Buen Gobierno en KPMG. En cuanto al asesoramiento, añade que los requisitos de la nueva directiva multiplican por cinco los de la ley anterior, lo que demandará más tiempo y recursos por parte de los equipos.
Además, la supervisión de esta información también se intensificará. La transposición de la directiva hará que las autoridades vigilen cómo las firmas verifican esta información, con un régimen de sanciones y supervisión similar al de la auditoría financiera, lo que supone un cambio importante, según Bascones. Las sanciones abarcarán desde multas hasta la suspensión de la capacidad para realizar verificaciones de informes sobre sostenibilidad, dependiendo de la gravedad.
De cara a la transposición de la directiva, que se espera para finales de año aunque podría retrasarse, el grado de incertidumbre es bajo. Lo único que queda por definir es si la normativa española incluirá modificaciones respecto a la norma europea. Por lo demás, Pueyo asegura que todas las grandes empresas españolas sujetas a la directiva ya llevan tiempo preparándose. Esta norma aplicará a las grandes empresas de interés público con más de 500 empleados, que deberán empezar a reportar sus informes en 2025, correspondientes al ejercicio de 2024.