(El Economista, 07-01-2025) | Fiscal
El Gobierno inicia el 2025 con el desafío de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, tras haber prorrogado en dos ocasiones los diseñados antes de las últimas elecciones. Aunque el Ministerio de Hacienda comenzó a trabajar en estas cuentas a mediados del año pasado, no logró cumplir con el plazo constitucional de presentarlas en septiembre en el Congreso, lo que ha generado complicaciones para las comunidades autónomas. Por segundo año consecutivo, estas regiones se han visto obligadas a planificar sus presupuestos sin certezas, debido a la falta de definición sobre los objetivos de déficit para este ejercicio.
La principal causa de este retraso es que el Ejecutivo no logró asegurar el respaldo parlamentario a la senda fiscal, que establece los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para los próximos años. Aunque el Consejo de Ministros aprobó esta senda en dos ocasiones, fue rechazada en una primera votación en julio debido a los votos en contra de Junts, PP y Vox, y posteriormente retirada antes de una segunda votación en septiembre. A pesar de ello, varias comunidades autónomas, principalmente gobernadas por el PP, optaron por seguir estos objetivos provisionales para elaborar sus presupuestos, aunque persiste la incertidumbre sobre su validez definitiva.
De acuerdo con el informe del Ministerio de Hacienda, al cierre de diciembre, once comunidades habían aprobado sus presupuestos basándose en un déficit del 0,1%, una cifra más flexible que el superávit del 0,1% establecido en la senda anterior. Estas regiones incluyen Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Mientras tanto, otras comunidades trabajan con presupuestos prorrogados o enfrentan complicaciones, como en Castilla y León, donde las tensiones con Vox han influido en las negociaciones presupuestarias.
El margen de déficit permitido a las comunidades será un tema clave en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado. Tanto los partidos catalanes como el PP presionan para ampliar este límite. Junts, por ejemplo, exige que Cataluña pueda alcanzar un déficit del 0,8%, lo que implicaría un aumento de su capacidad financiera de 1.626 millones de euros a 13.000 millones, argumentando que la senda más permisiva del Estado es injusta.
Además, este debate presupuestario podría entrelazarse con la reforma del sistema de financiación autonómica y la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, aspectos que Moncloa prevé discutir este mes con los presidentes autonómicos. A estas demandas se suma el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Sánchez con Junts para su investidura, incluida la amnistía, lo que podría complicar aún más el diálogo.
Mientras tanto, el periodo de sesiones parlamentarias no comienza hasta febrero, aunque se espera que durante este mes se convoque una sesión para votar los decretos aprobados en el último Consejo de Ministros. En este tiempo, el Gobierno planea iniciar las negociaciones formales sobre los presupuestos. Sumar presentó en septiembre una propuesta con medidas como un impuesto a los bienes de lujo y cargas fiscales a las socimis, pero el acuerdo alcanzado con el PSOE en noviembre dejó fuera la mayoría de estas iniciativas.
Aunque el pacto entre Sumar y el PSOE debía impulsar las negociaciones, parece que los socialistas, al frente de Hacienda, retomarán el liderazgo en las conversaciones con otros grupos parlamentarios. Moncloa centrará sus esfuerzos en acercar posturas con Junts, mientras que sectores como el de Ione Belarra han advertido que podrían bloquear los presupuestos si no se incluyen medidas como la reducción del precio de los alquileres o el cese de relaciones con Israel.
En este contexto, el Gobierno tendrá que operar con presupuestos prorrogados, ajustando partidas del proyecto inicial, mientras continúa trabajando para alcanzar un consenso político que permita la aprobación definitiva de las cuentas públicas.