(Expansión, 17-09-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La falta de un verdadero mercado común en el interior de España, dividida en 17 marcos regulatorios diferentes para la actividad empresarial debido a la proliferación de normativas en cada comunidad autónoma, reduce aproximadamente un 3% el crecimiento del PIB, según diversos estudios tanto públicos como privados. Aprovechando el renovado impulso desde Bruselas para fortalecer el Mercado Único europeo, el Ministerio de Economía ha convocado mañana a las comunidades autónomas y ayuntamientos a un encuentro donde se pretende impulsar un régimen unificado de actividad empresarial para todas las regiones de España. El objetivo es unificar los requisitos para que las empresas puedan operar de manera indistinta en cualquier territorio, lo que podría aumentar el crecimiento económico del país en unos 35.000 millones de euros.
El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la CEOE, estimaba en uno de sus últimos análisis que cumplir con las cargas administrativas derivadas de esta fragmentación normativa supone entre el 1,5% y el 2,5% del PIB en costes para las empresas. Según el IEE, reducir esta fragmentación normativa podría impulsar el crecimiento económico a largo plazo en entre un 1,5% y un 3% del PIB, lo que equivaldría a un incremento de unos 35.000 millones de euros adicionales.
El IEE, presidido por Íñigo Fernández de Mesa y dirigido por Gregorio Izquierdo, explica que esta "fragmentación del mercado interior" proviene de un "entramado legislativo excesivamente complejo", que genera costes y problemas para el tejido empresarial y la economía en general. Atribuyen esta "inflación normativa" principalmente a la potestad legislativa de las comunidades autónomas, que ya son responsables del 70% de las normativas vigentes. Como consecuencia, las empresas deben destinar muchos recursos a comprender y cumplir con esta maraña de leyes, lo que se traduce en pérdida de competitividad y productividad.
La Comisión Europea también ha instado a España a abordar este problema, señalando que la regulación fragmentada y restrictiva impide a las empresas aprovechar economías de escala, desalienta la inversión y crea barreras de entrada. En su informe de 2019 sobre España, la Comisión recomendaba reducir ciertas restricciones, como los horarios comerciales y los periodos de rebajas.
Diversos organismos, incluida la Comisión Europea, estiman que una plena unidad de mercado en España podría aumentar el PIB en un 3% a largo plazo, con un potencial de mejora calculado entre los 20.000 y 40.000 millones de euros, según publicaciones como las de Información Comercial Española o Copenhague Economics.
Este problema afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, según ha señalado la patronal Cepyme. En su informe anual, destacaba las diferencias entre comunidades en el número de trámites y costes necesarios para crear una sociedad limitada. Por ejemplo, mientras que en Madrid o Sevilla se requieren siete trámites, en Pamplona son necesarios doce, lo que puede retrasar el proceso entre 14 y 30 días laborables, con costes que oscilaban entre 900 y 1.700 euros en 2015.
La CEOE ve con buenos ojos cualquier avance hacia la unidad de mercado, aunque prefiere no pronunciarse sobre los planes del Ministerio de Economía hasta que el grupo de trabajo con comunidades autónomas y municipios comience a desarrollar propuestas concretas. Por el momento, el Ministerio ha convocado a las consejerías de Economía de todas las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a una conferencia sectorial que incluye en su agenda la identificación de barreras económicas y nuevas líneas de actuación.
El propio ministro Carlos Cuerpo adelantaba la semana pasada que su objetivo es promover la creación de un régimen común para las 17 comunidades autónomas, similar al propuesto por Enrico Letta en la Unión Europea, que unifique los requisitos para la actividad empresarial en todo el país.