(El Economista, 17-02-2025) | Fiscal
En los últimos años, el crecimiento de la renta mínima ha llevado al Ministerio de María Jesús Montero a incrementar el mínimo exento tras cada subida desde 2022, con el objetivo de evitar que los trabajadores solteros y sin hijos que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI) tuvieran que tributar. Para ello, Hacienda ha ajustado el mínimo deducible por rendimientos del trabajo, elevándolo para que el conjunto de deducciones cubriera la cuantía anual del SMI.
Sin embargo, esta cuestión escapa a la competencia de las comunidades autónomas. Jaume Sanaú, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, explica que solo el Gobierno central tiene potestad para decidir sobre la obligación de declarar o no en el IRPF, aunque las comunidades sí pueden legislar sobre la cuota autonómica.
Ante este marco, las regiones tienen tres alternativas: reducir los tipos impositivos, ampliar los tramos de renta o modificar los mínimos personales y familiares, según señala Jorge Onrubia, profesor de Hacienda Pública en la Universidad Complutense e investigador asociado a Fedea. El diseño del impuesto sobre la renta establece que su gestión se divide en un 50% entre el Ejecutivo central y las comunidades autónomas, salvo en el caso de Navarra y el País Vasco, que cuentan con sus propios sistemas forales.
Para el resto de territorios, la única exigencia establecida es que el impuesto mantenga su progresividad, lo que les permite modificar el tipo autonómico, crear nuevos tramos o elevar la deducción sobre la parte de la renta destinada a cubrir necesidades básicas, con un límite del 10%. Este último concepto varía según la situación familiar, es decir, en función de la existencia de hijos, su número y edad, la presencia de ascendientes a cargo o el grado de discapacidad de los familiares, pero está fijado de manera general en 5.550 euros.
Este debate no es nuevo, ya que surgió en 1994 cuando se discutió si las prestaciones por desempleo debían tributar y reaparece periódicamente debido a la carga fiscal que soportan las rentas más bajas. Los expertos consideran que la mejor opción es reducir los tipos impositivos, ya que modificar los tramos generaría nuevamente la misma discusión tan pronto como el SMI volviera a incrementarse.
La reducción de los tipos impositivos tendría como consecuencia una disminución de los recursos disponibles para las comunidades autónomas. Esto se debe a que, del 50% del IRPF que gestionan, solo retienen íntegramente el 25%, mientras que el 75% restante se destina a un fondo común que se reparte entre todas las comunidades según su población ajustada. Además, este porcentaje se calcula en función de los ingresos que recibe el Gobierno central, por lo que una bajada de tipos autonómicos implicaría una menor recaudación directa para la comunidad afectada.
Por este motivo, la dirección del Partido Popular ha optado por trasladar la presión al Gobierno central en lugar de exigir a sus comunidades autónomas que adopten medidas compensatorias. Fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo señalan que la mayoría de los gobiernos autonómicos del PP ya han aplicado reducciones de los tipos impositivos y destacan que Cataluña es la región con una mayor carga fiscal. Por ello, descartan abrir un debate interno sobre este tema en un momento en el que las entregas a cuenta de las comunidades autónomas están en juego debido a la caída del decreto.
Sin embargo, esta postura no ha sido bien recibida por algunos dirigentes regionales, según adelantó El Mundo. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha tomado la iniciativa en este asunto, ya que en su comunidad hay cerca de 100.000 trabajadores que perciben el SMI. Desde la Consejería de Hacienda de Murcia han anunciado la creación de un nuevo tramo en la escala autonómica del IRPF con un tipo reducido, para garantizar que el aumento del salario no se vea absorbido por los impuestos. En el caso de un trabajador soltero y sin hijos, el 43% de la subida salarial (unos 300 euros) se destinaría al pago de tributos.
Otras comunidades como Madrid, Castilla y León y Baleares también prevén reducir el tipo autonómico, mientras que otras regiones aún están valorando sus opciones. Andalucía, por su parte, es la comunidad con mayor número de beneficiarios del SMI, con 476.100 asalariados en 2023, según datos del Ministerio de Trabajo. Le siguen Madrid y Cataluña, donde es más frecuente el perfil de jóvenes sin cargas familiares que acaban de acceder al mercado laboral.
Cataluña, gobernada por Salvador Illa, es la región que aplica los tipos impositivos más altos sobre las rentas bajas. De no introducirse cambios, el 20% de los trabajadores que perciben el SMI y están obligados a tributar deberían pagar 357,43 euros al año. Esta cifra es casi 80 euros superior a los 280,68 euros que se abonarían en la Comunidad Valenciana o los 287,12 euros en Madrid. Asturias ocupa el segundo lugar en presión fiscal sobre estas rentas (348,5 euros), seguida de Murcia (339,56 euros), lo que coloca a esta última entre las regiones con más margen para aplicar cambios en su política fiscal.