(El Periódico, 28-03-2025) | Laboral
La Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso ha dado luz verde al proyecto de ley que elimina la posibilidad de que las empresas despidan automáticamente a trabajadores con una incapacidad permanente reconocida. Con esta aprobación, la norma avanza en su tramitación parlamentaria, aunque aún debe pasar por el Senado antes de su aprobación definitiva. Se estima que el proyecto podría ser ratificado por el pleno del Congreso en julio, momento en el que entraría en vigor.
Hasta ahora, las empresas podían despedir legalmente a un trabajador que, tras reincorporarse de una baja, fuera declarado con incapacidad permanente. La nueva legislación busca poner fin a esta práctica, obligando a las compañías a valorar la posibilidad de reubicar al empleado en un puesto adaptado a sus condiciones. Solo en caso de que esta adaptación represente una "carga excesiva" para la empresa, podrá denegarse la continuidad del trabajador.
La norma ha contado con el respaldo mayoritario de la Comisión, con la única oposición de Vox. Durante las negociaciones, se incorporó una enmienda de Podemos para precisar qué se entiende por "carga excesiva", estableciendo que esta se produce cuando el coste de adaptación del puesto supera la indemnización por despido o el equivalente a seis meses de salario del trabajador.
El texto ahora pasará al Senado y posteriormente regresará al Congreso para su votación final, donde se prevé que obtenga el respaldo necesario para su aprobación. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la ley entrará en vigor de forma inmediata.
Además, durante la negociación parlamentaria se incluyó una enmienda que obliga al Gobierno a aprobar en un año una normativa para adaptar los puestos de trabajo de guardias civiles, policías nacionales y militares con discapacidad.
Desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe criticó la medida, argumentando que podría perjudicar a los trabajadores con discapacidad, ya que su reubicación en la misma empresa podría hacerles perder la pensión. También alertó sobre el riesgo de que los pensionistas con incapacidad permanente puedan ser obligados a seguir trabajando, algo que, según el Tribunal Supremo, es incompatible.
Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) celebró la aprobación de la norma, destacando que pone fin a una "discriminación histórica" en el ámbito laboral. La entidad agradeció al Gobierno y a los grupos parlamentarios su apoyo a esta iniciativa, considerada una prioridad en la agenda política de la discapacidad organizada.