(Expansión, 28-03-2025) | Fiscal
Las resoluciones del Tribunal Supremo sobre la compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre Sociedades, el bono social eléctrico, la prescripción del complemento de maternidad y las devoluciones a contribuyentes que cotizaron en mutualidades en las décadas de 1960 y 1970 han supuesto un coste de 11.000 millones de euros para las arcas públicas, lo que equivale al 0,71% del Producto Interior Bruto (PIB).
Así lo expresó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante la presentación del informe anual de Ejecución Presupuestaria de 2024, en el que se refleja una reducción del déficit hasta el 2,8% del PIB y un aumento de la recaudación, que alcanzó un máximo histórico de casi 295.000 millones de euros.
Montero atribuyó este impacto financiero a la gestión del anterior Gobierno de Mariano Rajoy, señalando que ha supuesto un obstáculo para una mayor reducción del déficit. Según sus cálculos, sin estos 11.000 millones adicionales, el déficit habría bajado al 2,1% del PIB. "Hemos absorbido esta mala praxis derivada de actuaciones indebidas llevadas a cabo por el anterior Ejecutivo", afirmó.
De acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda, la Administración Central asumió el año pasado un gasto de 9.263 millones de euros debido a diversas sentencias judiciales en su contra relacionadas con la legislación vigente. Montero explicó que este importe incluye tanto las sanciones como el coste de las reformas legales implementadas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro. En cuanto a la Seguridad Social, en 2024 se destinaron más de 1.100 millones de euros a cubrir estas obligaciones. De la cifra total, alrededor de 8.000 millones de euros, más del 70%, corresponden a gastos excepcionales que solo se registraron el año pasado y no se repetirán en ejercicios futuros.
Durante la rueda de prensa posterior a la presentación del informe, Montero indicó que el principal coste para la Administración Central derivado de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo proviene del fallo del primero, emitido el 18 de enero. En esta resolución se declaró inconstitucional la reforma del Impuesto sobre Sociedades llevada a cabo por Cristóbal Montoro, la cual afectó a tres aspectos clave: la compensación de pérdidas empresariales, las deducciones por deterioro de participaciones y la limitación de beneficios fiscales para evitar la doble imposición sobre dividendos y ganancias obtenidas en el extranjero.
En relación con esto, la ministra de Hacienda estimó que el Estado ya ha reembolsado 3.400 millones de euros en concepto de devoluciones, lo que representa aproximadamente la mitad de las estimaciones iniciales tras la sentencia. Además, en 2022 el Tribunal Supremo anuló el modelo de financiación del bono social eléctrico al considerar que generaba un trato discriminatorio entre empresas. Como resultado, el Estado tuvo que pagar 153 millones de euros a Endesa el año pasado, cifra que se sumó a otras devoluciones a compañías como Naturgy e Iberdrola, alcanzando un total superior a los 800 millones de euros.
Estos gastos se añaden a las devoluciones iniciadas el año pasado por Hacienda a los contribuyentes que cotizaron en las antiguas mutuas de previsión social en las décadas de 1960 y 1970 y que pagaron un exceso de IRPF.
En el ámbito de la Seguridad Social, la Tesorería General deberá abonar con carácter retroactivo el complemento de maternidad en las pensiones correspondiente al periodo 2016-2021, después de que se reconociera el derecho de los hombres a percibirlo. En 2023, el Tribunal Supremo determinó que este complemento no prescribe, por lo que deberá ser pagado a aquellos beneficiarios que no lo recibieron mientras estuvo vigente. El impacto de esta decisión en las cuentas públicas asciende a 1.100 millones de euros. De no haberse producido este fallo judicial, el déficit de la Seguridad Social se habría reducido el año pasado hasta aproximadamente 7.400 millones de euros.