(El País, 14-01-2025) | Mercantil, civil y administrativo
La respuesta del sindicato de inquilinos a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez no se ha hecho esperar. Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres en Cataluña, expresó este lunes que el presidente del Gobierno ha ignorado las principales demandas de los movimientos sociales que reclaman soluciones para la vivienda. Según Arcarazo, "cuando buscamos piso, solo encontramos alquileres de temporada y contratos precarios, y ninguna de las medidas propuestas cambiará esta realidad". También subrayó que las iniciativas anunciadas no abordan las peticiones clave, como reducir los precios del alquiler a la mitad, garantizar contratos indefinidos, regular los alquileres temporales y prohibir las adquisiciones especulativas.
Arcarazo destacó además que, aunque Sánchez ha ajustado su discurso tras el aumento de las protestas sociales, reconociendo que el uso especulativo de la vivienda contradice su concepción como un derecho fundamental, las medidas planteadas no resuelven los problemas de fondo. "Mientras los más ricos acumulan propiedades, la gente no puede acceder a una vivienda digna", afirmó. Asimismo, denunció que las propuestas del Gobierno no enfrentan la problemática de los alquileres de temporada ni los contratos basura.
Las críticas de los inquilinos se suman a las de otros actores del sector inmobiliario y de la construcción, quienes califican las medidas como intervencionistas y piden un pacto de Estado que permita un consenso político. Entre las propuestas presentadas por Sánchez se incluyen beneficios fiscales, como la exención total del IRPF para propietarios que alquilen según el índice de referencia, mayor carga fiscal para compradores extranjeros no comunitarios, un mecanismo de garantías para arrendadores e inquilinos, y un PERTE financiado con fondos europeos destinado a la construcción de viviendas. No obstante, el Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) consideró estas iniciativas demasiado generales. Según ellos, garantizar el acceso a la vivienda requiere un análisis profundo y una estrategia consensuada que permita convertirla en el "quinto pilar del Estado del Bienestar".
Por su parte, FADEI, la patronal de empresas inmobiliarias, subrayó que la magnitud del problema exige una solución a nivel nacional y no basada en las propuestas de un único partido. Aunque reconocieron que algunas medidas son positivas, señalaron la necesidad de la colaboración entre todas las fuerzas políticas para garantizar su viabilidad. "Estos encuentros deben servir para que todos los actores trabajen unidos frente a la crisis de vivienda", afirmó FADEI.
En esta misma línea, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) hizo un llamado a despolitizar el debate sobre vivienda y alcanzar un pacto de Estado. Su presidente, Pedro Fernández Alén, destacó que las propuestas del Gobierno y de la oposición sobre la Ley del Suelo tienen más puntos en común que diferencias y urgió a desbloquearlas. Según Fernández Alén, medidas como incentivar la oferta de vivienda, liberar suelo para construcción y aplicar bonificaciones fiscales serían más efectivas que algunas iniciativas intervencionistas que podrían generar inseguridad jurídica.
Por último, Facua - Consumidores en Acción criticó que el Gobierno no incluyera en su plan la expropiación del uso de viviendas vacías pertenecientes a grandes propietarios, con el objetivo de destinarlas a alquileres sociales a precios regulados. Esta medida, reclamada por Facua en octubre pasado, fue nuevamente planteada por la organización en su comunicado, enfatizando la necesidad de soluciones más contundentes para enfrentar la crisis habitacional.