(El Economista, 22-10-2024) | Fiscal
El Gobierno está listo para aprobar, previsiblemente este martes en el Consejo de Ministros, el Real Decreto que hará permanentes los gravámenes temporales a las empresas energéticas y a la banca. Con esta iniciativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez busca asegurar el respaldo de Sumar, sus socios de coalición, con quienes acordó extender esta medida, a pesar de que ya no cuenta con el apoyo de Bruselas y contraviene la promesa inicial de que sería solo temporal.
Carlos Cuerpo, secretario de Estado de Economía, defiende que estos impuestos han permitido financiar el llamado "escudo social", que se está desmantelando progresivamente con la retirada de las ayudas. El Gobierno ha recaudado cerca de 2.400 millones de euros de las principales compañías energéticas tras la entrada en vigor del gravamen entre 2023 y 2024, un pago que se liquida al año siguiente.
La extensión de este impuesto será un golpe para los proyectos industriales de las principales petroleras en España, como Repsol, Cepsa y BP. Repsol, que ha aportado alrededor de 800 millones en los últimos dos años, y Cepsa, que cerró 2023 con pérdidas de 233 millones por el impacto en sus ingresos, se verán afectadas. Esta prórroga supondrá una carga importante para las refinerías situadas en Tarragona, Bilbao, Huelva, Castellón, Cartagena, Puertollano y La Coruña. Los directivos han advertido, tanto en público como en privado, que podrían verse obligados a frenar sus planes de reindustrialización.
Este gravamen se introdujo en 2022 y 2023 como respuesta a la crisis energética desencadenada por la guerra en Ucrania. Sin embargo, el contexto ha cambiado. Durante el peor momento de la crisis, los precios de la gasolina y el diésel superaron los dos euros por litro, mientras que ahora rondan los 1,5 euros/litro para la gasolina y 1,38 euros/litro para el diésel, según datos recientes del Boletín Petrolero de la UE.
Asimismo, el precio de la electricidad alcanzó un récord de 544,98 euros/MWh, mientras que actualmente se sitúa en 80,18 euros/MWh. Además de la disminución en los precios, las empresas energéticas critican el diseño del impuesto, que grava las ventas en lugar de los beneficios. Actualmente, las compañías con una facturación superior a 1.000 millones de euros anuales pagan el 1,2% de sus ingresos por ventas.
Dado el cambio en el escenario, muchos analistas y directivos del sector creían que el gravamen se eliminaría este año. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, expresó esta opinión durante una conferencia con analistas tras la presentación de los resultados semestrales del grupo. De forma similar, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ya señaló en noviembre pasado que el Gobierno es consciente de que se necesitarán grandes inversiones para la descarbonización, por lo que no esperaba que el impuesto a las energéticas y la banca continuara. "Estamos alineados con la política energética del Gobierno, pero necesitamos liquidez", advirtió.
Por último, las críticas hacia este "impuestazo" son generalizadas. Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, se opuso el pasado 24 de febrero, argumentando que mantener este gravamen "no tiene sentido" y lamentó la elevada carga fiscal que enfrentan las empresas en España.