(El Economista, 30-10-2024) | Laboral
Los datos del SEPE muestran una paradoja entre el descenso del desempleo y el número de personas que siguen recibiendo ayudas, con un ligero incremento del 0,9% en los beneficiarios. Esto ocurre principalmente en las prestaciones contributivas, que han aumentado un 5,4%, en contraste con la disminución del paro registrado en el mismo porcentaje. Este fenómeno parece estar impulsado por un incremento de despidos y de trabajadores con contratos fijos discontinuos.
El gasto en prestaciones no solo refleja la pérdida de empleo, sino también la calidad del mismo. Esta tendencia ya se había observado en 2019, cuando el descenso del paro coincidió con un aumento en las prestaciones, generando preocupación sobre la estabilidad laboral. Aunque el mercado laboral hoy cuenta con más contratos indefinidos, la proporción de beneficiarios de prestaciones contributivas ha subido un 1,8% respecto a entonces, mientras que el desempleo ha caído un 17%.
El aumento en las prestaciones contributivas se relaciona con una subida en el coste medio de estas, que pasó de 27,55 euros en 2019 a 32,96 euros. Este cambio no implica una mejora en los empleos, sino que se debe a una reforma que eleva el porcentaje de la base de cotización a partir de los seis meses, aumentando el importe de las prestaciones.
En septiembre de 2024, 1,7 millones de personas recibían alguna prestación por desempleo. Aunque el número de beneficiarios de prestaciones asistenciales ha bajado un 1,7%, el nivel contributivo ha aumentado en casi 40,000 personas respecto al año anterior. Esto ha elevado la tasa de cobertura al 72,2%, un máximo histórico. Si bien el Gobierno atribuye esto a la mejora de la protección social, también influye la forma en que se calcula la tasa.
Un caso particular es Baleares, donde la tasa de cobertura alcanza un 140,7%, lo cual significa que hay más personas recibiendo el paro que desempleados registrados con derecho a la prestación. Esto se explica por los fijos discontinuos que, al entrar en inactividad, pasan a cobrar la prestación sin figurar oficialmente como desempleados.
Esta situación es comparable a la de los afectados por los ERTE durante la pandemia, quienes también se consideraban legalmente en desempleo, aunque sus contratos estaban solo suspendidos. Según la legislación, estas personas no se incluyen en el cómputo del paro registrado, que se limita a quienes están disponibles y buscan activamente un empleo.