(El Economista, 06-11-2024) | Fiscal
Hacienda ya ha fijado una fecha para que las pymes y autónomos con ingresos inferiores a 6 millones de euros comiencen a compartir su facturación de manera inmediata con la Agencia Tributaria. Según el Ministerio liderado por María Jesús Montero, esta obligación entrará en vigor de forma gradual: a partir del 1 de enero de 2026 para las empresas y desde el 1 de julio de 2026 para los autónomos. Esta medida, derivada de la Ley contra el fraude fiscal de 2021, busca reducir la evasión fiscal y combatir la economía sumergida.
El Ministerio de Hacienda ha sometido a consulta pública una modificación del Real Decreto de diciembre de 2023, que establecía los requisitos para los sistemas informáticos que deben usar pymes y autónomos para enviar sus facturas al fisco. Según esta norma, las empresas desarrolladoras de software contaban con un plazo de nueve meses, a partir de la publicación de la orden ministerial, para adaptar sus programas a los nuevos requisitos. En consecuencia, las empresas y profesionales tendrían que haber comenzado a remitir sus facturas como tarde el 1 de julio de 2025.
No obstante, la orden ministerial se publicó recién el 28 de octubre, lo cual ha obligado a Hacienda a ajustar los plazos, concediendo a las empresas de software hasta el 29 de julio de 2025 para adaptarse y postergando la obligación hasta 2026.
La implementación escalonada responde a la conciencia de Hacienda de que los autónomos podrían enfrentar más dificultades que las empresas para adquirir estos programas. Además, este periodo adicional permitirá a la Agencia Tributaria desarrollar una aplicación gratuita para facilitar el proceso a las pequeñas empresas y autónomos con menor facturación.
Por otro lado, Hacienda aclara que estos nuevos requisitos solo aplicarán a empresas que facturan menos de 6 millones de euros anuales. Las compañías que superen este umbral y ya utilizan el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) desde 2017 no tendrán que adoptar los nuevos programas, evitando así costos adicionales para quienes ya cumplen con esta normativa.