(El Periódico, 03-10-2024) | Laboral
Cuatro años después de la implementación del control obligatorio de la jornada laboral en las empresas, aprobado en 2019, aún persisten deficiencias en su registro. De acuerdo con los datos de la Inspección de Trabajo, entre mayo de 2019 (fecha en que entró en vigor la norma) y mayo de 2023, la mitad de las empresas revisadas por la 'policía laboral' no pasó la inspección. Durante ese período, el Ministerio de Trabajo ha emitido requerimientos y sanciones por un valor total de 6,1 millones de euros, multas que aún están en proceso de revisión y que tienen un propósito disuasorio.
No contar con un registro de la jornada laboral conlleva actualmente una multa que oscila entre los 751 y 7.500 euros, independientemente del tamaño o facturación de la empresa. Ahora, Yolanda Díaz busca retomar la actualización de las sanciones relacionadas con infracciones sobre el tiempo de trabajo, un tema que ya está discutiendo con los empresarios y sindicatos en el marco de la negociación para la reducción de la jornada laboral. El objetivo del Gobierno es reducirla a 38,5 horas semanales en 2024 y a 37,5 horas en 2025.
Para asegurar que el control sobre esta reducción de jornada sea efectivo, es crucial reforzar el registro preciso y detallado de los horarios de los empleados. Entre los cambios en las sanciones que se están considerando en la mesa de negociación está la posibilidad de imponer multas por cada trabajador que no cumpla con la reducción horaria, en lugar de aplicar una sanción genérica como ocurre en la actualidad. Estas multas también podrían superar el límite actual de 7.500 euros.