(El País, 19-09-2024) | Fiscal
El Consejo General de Economistas (CGE) y la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han propuesto la creación de un fondo transitorio de nivelación para complementar los ingresos de aquellas comunidades autónomas que se encuentren por debajo de la media en términos de financiación por habitante ajustado. Este cálculo considera factores como la dispersión de la población, el envejecimiento y el número de niños en edad escolar, entre otros.
Los expertos sugieren que esta medida se implemente mientras no se lleve a cabo una reforma del sistema de financiación autonómica o no se llegue a un acuerdo político sobre su distribución. Así lo expresaron el presidente del CGE, Valentín Pich, y el director de Fedea, Ángel de la Fuente, durante una rueda de prensa en la que presentaron las conclusiones tras meses de análisis de los principales retos y reformas estructurales para España.
Los economistas describieron el actual sistema de reparto autonómico como "desigual y arbitrario", además de excesivamente complejo. De la Fuente criticó que la propuesta fiscal "a la carta" de los independentistas catalanes, similar al sistema de concierto, siga consolidándose. También señaló la falta de responsabilidad fiscal por parte de las comunidades autónomas, ya que suelen gastar más de lo que tienen, confiando en que serán rescatadas. Esto, según De la Fuente, crea un problema de incentivos y una tendencia crónica al gasto excesivo. Ambos organismos consideran esencial modernizar las herramientas fiscales disponibles para las regiones.
Además del fondo transitorio de nivelación, los expertos sugieren una administración tributaria "única pero realmente compartida", con una mayor participación de los gobiernos regionales en su gestión. Propusieron la creación de un tramo del IVA y de impuestos especiales controlados por las autonomías, con la posibilidad de que estas decidan subir los tipos impositivos en ese tramo, siempre manteniendo la equidad a nivel nacional y distribuyendo la recaudación según la población ajustada.
Por otro lado, Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), advirtió que el acuerdo sobre financiación autonómica alcanzado entre el PSOE y ERC en el contexto de la investidura de Salvador Illa podría no solucionar los problemas financieros de Cataluña. Herrero explicó que el riesgo de enfrentar estos temas de manera fragmentada es que no se resuelvan los problemas de sostenibilidad fiscal a largo plazo. También destacó que aplicar una misma tasa de crecimiento del gasto a todas las administraciones públicas sin considerar su punto de partida agrava las dificultades financieras regionales.
Respecto a la posible condonación de la deuda autonómica, los economistas señalaron que esta debería ser parcial y vinculada a la infrafinanciación histórica de un territorio, sujeta al cumplimiento de condiciones iguales para todas las regiones. Además, debería estar acompañada de planes de ajuste verificables. En noviembre pasado, el Gobierno prometió condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña, como parte del acuerdo de investidura firmado con ERC.
Con respecto a los presupuestos, el Gobierno enfrenta el reto de presentar el proyecto para 2025 antes del 30 de septiembre, evitando una prórroga. Herrero señaló que, aunque un presupuesto prorrogado no limitaría el gasto, sí podría ralentizar su ejecución. También mencionó que sería necesaria cierta "ingeniería presupuestaria" para financiar proyectos sin créditos de años anteriores.
Valentín Pich subrayó que, aunque una prórroga de los presupuestos de 2023 no implicaría grandes restricciones, dejaría fuera factores coyunturales importantes, como el aumento del turismo o el incremento poblacional.
Finalmente, los economistas destacaron la necesidad de reducir el déficit público y aspirar a un superávit para disminuir la deuda. Proponen medidas para controlar el gasto público, especialmente en pensiones, junto con reformas estructurales que mejoren la eficiencia de la administración. También abogan por ampliar las bases tributarias, eliminar tipos reducidos del IVA, impulsar los impuestos medioambientales y combatir el fraude fiscal. Cristina Herrero coincidió en la importancia de explorar medidas de ajuste a través del gasto en lugar de los ingresos para ayudar a sectores económicos como la hostelería.