(Cinco Días, 14-10-2020) | Sector
El dinero proveniente del Fondo Europeo de Recuperación va a ser, en los próximos años, una importante fuente de negocio para los grandes despachos de abogados. Y es que tanto la Administración (encargada de diseñar y supervisar los cauces para la entrega de las ayudas) como el sector privado (que debe presentar y ejecutar sus propuestas) van a requerir muchas horas de asesoramiento legal de alta precisión para superar el exigente escrutinio de Bruselas.
Conscientes de ello, algunos bufetes no han querido esperar a la concreción normativa del plan y ya han conformado equipos multidisciplinares que trabajan analizando oportunidades y presentando propuestas a sus clientes. No obstante, no todos se han puesto ya manos a la obra.
Otras firmas han optado por una estrategia más reactiva y aguardan a que lleguen los encargos, o, directamente, admiten que las ayudas no están, de momento, entre sus prioridades. Así, si bien es cierto que la carrera por el negocio del fondo europeo aún no está lanzada, el pistoletazo de salida puede pillar a más de uno con los deberes por hacer. Y más aún porque entre los competidores figuran las áreas legales de unas big four que ya ofertan el pack consultoría y asesoramiento jurídico.
En todo caso, la captación de negocio no es el único frente abierto que tienen los grandes bufetes. Durante estos días, algunos de ellos también mantienen contactos al más alto nivel con la Administración y las instituciones y organizaciones implicadas en la revisión de la tramitación pública. Es el caso de Uría Menéndez, PwC Tax & Legal, Garrigues o Cuatrecasas, firmas a las que CEOE ha invitado a su grupo de trabajo que debe elaborar una propuesta de reforma para agilizar los procedimientos administrativos y suprimir los cuellos de botella.
La composición de los equipos diseñados por los bufetes permite radiografiar los elementos que estos consideran clave desde el punto de vista legal para resultar agraciado con el maná europeo. Así, destaca la presencia en los mismos de abogados del Estado, profesionales que no solo cuentan con una formación técnica de primer nivel, sino que además conocen los entresijos de la Administración. También es relevante el peso de los expertos en el derecho y las instituciones comunitarias; buena parte de la batalla se libra en Bruselas. Y, finalmente, todas las firmas inciden en la transversalidad de sus paneles.