(Cinco Días, 31-12-2024) | Fiscal
A partir del 1 de enero de 2025, los planes de pensiones enfrentarán un momento crucial, ya que por primera vez desde su creación hace 38 años, los partícipes podrán retirar íntegramente los fondos acumulados, siempre y cuando las aportaciones tengan más de 10 años de antigüedad. Esto significa que estarán disponibles 64.000 millones de euros, equivalentes a la mitad del patrimonio total acumulado en estos vehículos de ahorro para la jubilación.
Este cambio legal representa un alivio para personas como Pilar, una profesora interina en dificultades económicas. "Tengo varias deudas y apenas llego a fin de mes, pero podré rescatar una cantidad significativa de dinero que ingresé hace años en un plan de pensiones, lo que me permitirá saldar mis créditos. Para mí, será un gran respiro", comenta.
La medida tiene su origen en un real decreto impulsado por Mariano Rajoy en 2018, que buscaba aumentar la liquidez de estos productos y fomentar las aportaciones. Originalmente, los planes de pensiones se concibieron como una herramienta de ahorro para complementar la pensión pública. Los participantes podían deducir las aportaciones de su base imponible del IRPF, con la condición de que el dinero solo estuviera disponible al alcanzar la edad de jubilación. Sin embargo, al momento de rescatar los fondos, estos tributan como rentas del trabajo, generando un diferimiento fiscal.
Con la nueva normativa, esta concepción cambia. A partir de enero, cualquier persona podrá solicitar a su entidad financiera el reembolso de las aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2015, junto con los rendimientos generados. Este monto supera los 64.000 millones de euros, lo que equivale al 51% del total acumulado en estos planes.
Aunque ya existían supuestos excepcionales para retirar fondos, como casos de enfermedad grave, desempleo prolongado o situaciones de emergencia (desahucio, afectados por covid-19 o catástrofes naturales), el nuevo criterio de antigüedad es el más amplio hasta la fecha y podría desencadenar retiros masivos. Inverco, la asociación que representa a las gestoras de fondos y planes, ha expresado su preocupación, señalando que esta medida podría desvirtuar la naturaleza de los planes de pensiones. A pesar de ello, estima que el impacto podría ser moderado, como ha ocurrido en las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco, donde un mecanismo similar ha tenido un efecto limitado. No obstante, en países como Reino Unido, una medida equivalente sí provocó un éxodo significativo de fondos.
Uno de los principales disuasores para retirar el dinero será el impacto fiscal. Los fondos rescatados tributan como rentas del trabajo en el IRPF, aplicándose el tipo marginal correspondiente. Por ejemplo, un trabajador con ingresos superiores a 60.000 euros que retire 50.000 euros de su plan de pensiones deberá pagar el 37% en impuestos, lo que equivale a entregar 18.500 euros a Hacienda. Por ello, especialistas como Paula Satrústegui, de Abante, aconsejan que, salvo necesidad extrema o conveniencia fiscal, no se rescaten los fondos antes de la jubilación. De hecho, este efecto fiscal se aplicará igualmente en el momento del retiro al alcanzar la edad de jubilación.