(El Economista, 18-11-2024) | Laboral
Los convenios colectivos y las cláusulas de jubilación están tomando un rumbo opuesto a la normativa de la Seguridad Social, con un notable aumento en los incentivos para jubilarse antes de los 65 años. Estas cláusulas, utilizadas como herramientas para la reestructuración y renovación de plantillas a través de bonificaciones económicas o premios, ahora afectan a más de 700.000 trabajadores, lo que equivale a uno de cada cinco convenios colectivos vigentes, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Esta cifra supone un incremento del 85% respecto a los niveles registrados durante la pandemia, cuando 378.000 empleados estaban cubiertos por estas disposiciones. Este crecimiento refleja una tendencia vinculada al envejecimiento progresivo de la población activa. Según Alberto Novoa, miembro de la Junta Directiva de ASNALA, "los incentivos de jubilación en España muestran un aumento constante, tanto a nivel estatal como en los convenios colectivos", según declaró a elEconomista.es.
Mientras el Gobierno ha endurecido las condiciones para las jubilaciones anticipadas mediante reformas del sistema público de pensiones, los acuerdos colectivos han optado por otra vía: la de compensaciones económicas. Estas pueden incluir indemnizaciones, pagos únicos o periódicos, que buscan mitigar los recortes en las pensiones, los cuales pueden superar el 20% para quienes adelantan significativamente su retiro.
La negociación colectiva, que implica a sindicatos representativos y patronales, aborda aspectos esenciales como mejoras salariales, duración de jornadas laborales, formación y seguridad, entre otros. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en 2023 se firmaron 1.773 convenios colectivos que cubrieron a más de 4,4 millones de trabajadores. Entre estos acuerdos, destacan las cláusulas relativas a la jubilación, especialmente aquellas que promueven la salida del mercado laboral antes de la edad habitual de 65 años, o de 66 años y 6 meses si no se cumplen los requisitos de cotización en 2024.
Estas cláusulas son vistas como un mecanismo para renovar plantillas o reducir costes, además de señalar el final de la vida laboral. Actualmente, las que incentivan la jubilación anticipada abarcan algo más del 15% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos, un porcentaje similar al de hace diez años, cuando se superaban los 811.000 empleados con estos incentivos.
Aunque estas disposiciones chocan con las reformas impulsadas por el Ministerio de Seguridad Social, que han endurecido las penalizaciones para jubilaciones anticipadas voluntarias, siguen siendo una práctica frecuente en sectores específicos. Según Novoa, estas medidas pueden tener un impacto negativo en el sistema de pensiones, al reducir las cotizaciones sociales que percibe la Administración, y también implican una pérdida de experiencia en las plantillas.
A pesar de su alcance, la aplicación de estas cláusulas no es uniforme, y varía según el sector o la empresa. "En España, la diversidad en la aplicación de estos incentivos refleja la necesidad de adaptarse a las particularidades de cada caso", explica Novoa. Otros países también implementan estrategias similares, con modelos distintos para gestionar la transición a la jubilación.
Novoa destaca que la jubilación anticipada y parcial sigue siendo una opción popular, y que los planes de pensiones complementarios están ganando terreno. Un ejemplo destacado en España es el reciente plan del sector de la construcción, creado en 2023 mediante convenio colectivo, que en menos de un año se ha convertido en el mayor del país.