(El País, 01-04-2025) | Laboral
La sede del Consejo General de Economistas (CGE) fue este lunes el escenario de un coloquio centrado en la reforma de las políticas activas de empleo, en el que también participó la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Los expertos coincidieron en la necesidad de una transformación profunda del actual sistema, que consideran ineficaz, y señalaron como prioridad la mejora en la recopilación y análisis de datos sobre las necesidades del mercado laboral y las competencias de los desempleados, especialmente en un país como España, que lidera la tasa de paro en Europa con un 10,4%, frente al 5,8% de media en la UE.
En un documento conjunto, Fedea y el CGE abogan por "reforzar los vínculos con el tejido empresarial para conocer con detalle qué perfiles demanda y poder ajustar mejor la oferta laboral, alineando las capacidades y aptitudes de los desempleados con las vacantes reales". Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos e investigador asociado de Fedea, subrayó esta idea: "Las oficinas de empleo no tienen información precisa sobre las empresas de su entorno, desconocen qué necesitan. Y tampoco han logrado identificar adecuadamente los perfiles de los demandantes de empleo para conectar ambas partes".
García también apuntó a la falta de coordinación entre administraciones como un obstáculo adicional: "Cuando trabajé en la Junta de Andalucía, no teníamos acceso a los datos de la Seguridad Social, aunque los solicitábamos. Esa información sería fundamental para diseñar políticas más eficaces y con verdadero impacto social". Además, señaló que los servicios privados de intermediación tampoco ofrecen mejores resultados que los públicos.
Según el investigador, "necesitamos un cambio estructural de enfoque y acceso completo a los datos disponibles. Hoy la tecnología permite consultar registros en tiempo real. Si alguien va a una oficina de empleo y dice que es jardinero, debería poder saber cuántas ofertas hay en su provincia o en otras, y tomar decisiones informadas".
Los expertos también propusieron "modernizar la infraestructura digital del sistema de empleo, incorporando herramientas que automaticen procesos, optimicen el cruce de datos y ofrezcan una atención más ágil y personalizada a usuarios y empresas". En esta línea, también sugieren reorganizar internamente los servicios públicos de empleo, mejorar la colaboración entre el SEPE y las comunidades autónomas e impulsar alianzas público-privadas.
Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball Nacional y representante del CGE en el Consejo Superior de Estadística del INE, señaló que los avances actuales en empleo responden más al crecimiento económico y al auge del turismo que a la eficacia de las políticas aplicadas. En su opinión, "se necesitan planes de choque desde los servicios públicos de empleo, centrados especialmente en los parados de larga duración, incluyendo apoyo formativo y psicológico para facilitar su reinserción laboral".
Asimismo, tanto el CGE como Fedea reclaman una revisión profunda de la formación para el empleo. Proponen flexibilizar los actuales certificados de profesionalidad y adaptarlos a los sectores con mayor potencial de desarrollo, así como diseñar incentivos a la creación de empleo ajustados a las necesidades específicas de cada comunidad autónoma. También proponen reforzar el compromiso de los desempleados en su proceso de inserción laboral, exigiendo una búsqueda activa y continuada, y estableciendo requisitos más estrictos para rechazar ofertas laborales adecuadas.
García alertó de que las actuales normativas, como la ley de Función Pública o la de subvenciones, limitan en gran medida los cambios necesarios, y abogó por reformarlas. Tanto él como el CGE insistieron en la importancia de establecer un sistema permanente de evaluación que permita medir el impacto real de las políticas, corregir desviaciones y concentrar recursos en las medidas que han demostrado ser más eficaces.
Otra propuesta destacada fue la creación de mecanismos de jubilación más flexibles, o incluso jubilación activa, que permitan compatibilizar el cobro de la pensión con el ejercicio de una actividad remunerada. El coloquio fue moderado por el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, y contó también con la participación del presidente del CGE, Valentín Pich.