(El Economista, 04-04-2025) | Laboral
Durante los dos primeros meses de 2025, el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo que han cobrado prestaciones por desempleo al entrar en periodo de inactividad ha aumentado un 13,6%, alcanzando una media de 170.232 personas, a pesar de que se han endurecido los controles para suspender dichas ayudas si el trabajador rechaza reincorporarse cuando es llamado por su empresa. No obstante, se estima que el número real de beneficiarios es aún mayor, ya que muchos han sido derivados a otras ayudas, como el subsidio para mayores de 52 años.
En febrero, 148.967 personas percibieron una prestación contributiva y solo 8 un subsidio por inactividad, mientras que en enero las cifras fueron 191.472 y 12, respectivamente. La media de ambos meses marca un récord histórico y supone un incremento del 31,8% respecto a 2022, año en que entró en vigor la reforma laboral. Si se compara con 2019, el crecimiento es aún mayor, del 91%. En ese entonces, 64.931 personas cobraban prestación y 24.085 recibían un subsidio.
El análisis de estos datos genera interrogantes. Según cifras del Ministerio de Trabajo, en 2024 había una media de 687.884 trabajadores fijos discontinuos inscritos como demandantes de empleo. Sin embargo, solo un 18,5% habría llegado a cobrar una prestación. Esta diferencia se debe en gran parte al desplome del número de personas que acceden a los subsidios, provocado por los cambios en la protección social de estos trabajadores.
Durante la pandemia, muchos trabajadores con contratos fijos discontinuos pudieron acceder a prestaciones contributivas sin agotar su derecho completo, lo que redujo el paso al nivel asistencial. Pero fue la reforma laboral la que introdujo un cambio clave: estos trabajadores pasaron a tener acceso a cualquier tipo de subsidio por desempleo, como si fueran desempleados comunes. Aunque no se les considera parados en las estadísticas oficiales, sí lo son en cuanto al derecho a percibir ayudas.
Este cambio ha provocado una disminución casi total de quienes cobran subsidios por inactividad, mientras aumentan quienes reciben prestación contributiva, aunque en muchos casos están cobrando otro tipo de ayudas. Para el Gobierno, los sindicatos y la patronal, esta reforma corrigió una discriminación histórica, pero al mismo tiempo ha dificultado el análisis del impacto real, ya que muchos beneficiarios han desaparecido de los registros visibles.
Este desajuste estadístico también podría estar detrás de fenómenos como la diferencia entre el número de inscritos como demandantes y los que efectivamente reciben ayuda, así como el incremento del subsidio para mayores de 52 años. La alternancia frecuente entre periodos de actividad e inactividad de estos trabajadores se refleja directamente en su cobertura por desempleo.
En los primeros meses tras la entrada en vigor de la reforma, estos efectos no se notaron con claridad porque muchas empresas tardaron en adaptar sus estrategias de contratación, y además seguían vigentes las medidas excepcionales de la pandemia. Una vez expiradas, comenzó a percibirse con mayor nitidez el impacto real de la reforma, aunque aún se desconoce cuántos beneficiarios podrían estar ocultos tras otras ayudas.
Esta inestabilidad no solo dificulta el análisis, sino también el control del gasto público. Antes de la reforma, los fijos discontinuos se usaban mayoritariamente en sectores estacionales como la hostelería. Sin embargo, al haberse extendido su uso a todo tipo de actividades como alternativa a contratos temporales recurrentes, se ha incrementado tanto su número como la rotación, lo que dificulta verificar que quienes cobran la prestación no retrasen su vuelta al trabajo para agotar el subsidio.
Si un trabajador rechaza el llamamiento de su empresa, esta puede considerarlo como baja voluntaria, lo que conlleva la extinción del contrato y la pérdida automática del derecho a la prestación. En ese caso, el trabajador pasa a contabilizarse como desempleado registrado, una opción que el Gobierno quiere evitar para no inflar las cifras de paro.
Por eso, la reforma de los subsidios introdujo una nueva medida: si el trabajador rechaza sin motivo justificado su reincorporación, la prestación se suspende (pero no se retira), evitando así extinguir el contrato. Esta vía, más ágil y orientada a incentivar el regreso al trabajo, no está dando los resultados esperados. Los datos de 2025 revelan que el número de beneficiarios sigue creciendo, lo que podría deberse a un incremento en los casos de cobro indebido o a que las nuevas medidas aún no se aplican con todo su rigor.