(Cinco Días, 08-11-2024) | Mercantil, civil y administrativo
La fecha está marcada en el calendario y parece inevitable. El 2 de diciembre es el día que el Ministerio del Interior ha fijado para que entre en vigor el Real Decreto 933/2021, después de tres aplazamientos. Este decreto establece nuevas obligaciones para el registro de datos de viajeros en hoteles y agencias de viajes. Desde esa fecha, salvo que se realicen cambios, deberán facilitar hasta 42 datos por cada viajero, frente a los 14 actuales. Quienes no cumplan podrían enfrentarse a sanciones que van de los 601 a los 30.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, debido a la falta de los registros requeridos para actividades relacionadas con la seguridad ciudadana o por no comunicar la información de forma obligatoria.
Los hoteleros han manifestado su rechazo a esta normativa, que les exige recopilar información a la que, en muchos casos, no tienen acceso, y que podría llevarlos a incumplir leyes de protección de datos. "Hemos mantenido contacto constante con la Secretaría de Estado de Turismo, pero no nos hemos reunido con Interior desde el pasado 4 de octubre, pese a nuestras solicitudes", señala Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que representa a 16.000 hoteles y alojamientos. "Queremos que se nos libere de estas obligaciones por varias razones. La principal es que la mayoría de las reservas se realizan a través de agencias de viajes en línea o bancos de camas, por lo que no sabemos quién está detrás de cada reserva. Tampoco tenemos acceso a información como el teléfono móvil, correo electrónico, relación entre los viajeros o el precio de la estancia", comenta Estalella, quien añade que proporcionar esos datos vulneraría la normativa de protección de datos.
Además, "se nos exige también datos del medio de pago, como número de cuenta o tarjeta, lo cual infringe la normativa comunitaria sobre protección de datos". Los hoteleros están dispuestos a recopilar y enviar a las fuerzas de seguridad únicamente la información que aparece en el DNI o pasaporte, como ya lo hacen actualmente, pero insisten en que necesitan garantías legales.
Ante la posibilidad de que Interior implemente el registro sin considerar sus preocupaciones, los hoteleros se preparan para una batalla legal contra el real decreto. Su principal argumento es la sentencia C-817/19 del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitida el 21 de junio de 2022, que señala que las medidas de tratamiento masivo de datos personales contempladas en el decreto infringen las normas comunitarias sobre privacidad y protección de datos, incluidas las que afectan a los datos de pago.
Otra línea de defensa radica en que el decreto se está tramitando por vía de decreto ley. "Nuestros asesores ya nos han advertido que es ilegal aprobar una norma que afecta derechos fundamentales como la privacidad mediante decreto ley; esta debería aprobarse con una norma de rango superior", explican.
Los hoteleros también denuncian que el sistema tecnológico que Interior ha dispuesto para el intercambio de datos no funciona adecuadamente y que esta nueva exigencia convertiría a España en el único país de la UE con tales obligaciones. Además, han expresado sus dudas sobre la capacidad de fiscalización de estos datos en las viviendas de uso turístico.
Las agencias de viajes también se verían afectadas por el nuevo registro. Mercedes Tejero, gerente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), asegura que la prioridad es excluir a las agencias de este ámbito. "Las agencias no están incluidas en la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana, de la cual deriva este real decreto, y la norma vulnera la protección de datos y supone cargas desproporcionadas para nuestro sector", señala.
La Confederación está en contacto con asesores legales y prepara un plan alternativo si el registro entra en vigor el 1 de diciembre. "Interior trabaja en una orden ministerial, pero no está claro si se aprobará. Nuestro plan b incluye esta orden para reducir los datos a proporcionar en un primer momento y excluir a actividades como el turismo corporativo, eventos y congresos, que representan una parte importante del negocio de las agencias de viajes".