(Expansión, 28-10-2024) | Fiscal
La Asociación de Inspectores de Hacienda advierte que la transferencia de la gestión tributaria a la Generalitat dificultará la supervisión sobre grandes patrimonios, empresas familiares, redes de fraude y multinacionales. Los inspectores señalan que el acuerdo de financiación especial para Cataluña "fragmenta el sistema tributario", "desarticula el modelo de financiación autonómica" y "divide la Agencia Tributaria", aumentando así el riesgo de evasión fiscal. Estas conclusiones se presentaron en el XXXIV Congreso de Inspectores de Hacienda del Estado, celebrado el jueves y viernes en Córdoba, donde el colectivo identificó 17 "efectos negativos en la lucha contra el fraude fiscal" derivados de la cesión completa de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos a la Generalitat.
La situación es especialmente preocupante para el colectivo, que considera que el acuerdo entre PSC y ERC viola "cuatro principios clave": la existencia de un sistema de información único en la administración tributaria, una caja única para las comunidades de régimen común, una gestión centralizada de las retenciones, que representan el 80% de los ingresos, y un sistema integral de control sobre las actividades económicas.
Según los inspectores, esta vulneración de principios hará que al menos 17 medidas de los planes de inspección de la Agencia Tributaria se vuelvan ineficaces o de difícil aplicación. Por ejemplo, el traspaso de competencias a la Agencia Tributaria catalana impedirá a los inspectores estatales verificar cambios ficticios de residencia en otros países de contribuyentes domiciliados en Cataluña, especialmente en casos complejos, como los de "artistas o deportistas", que requieren "información nacional completa". Así lo explicó José María Peláez, portavoz de la Asociación, quien señala que estas investigaciones activan múltiples indagaciones, como comprobar la escolarización de los hijos del contribuyente o sus hábitos de consumo, información que la inspección nacional ya no podrá obtener en Cataluña. También se verán afectadas las inspecciones a grandes patrimonios.
Otro desafío se presentará en el control de sociedades cuando una empresa o sus socios estén ubicados en Cataluña y el resto en otras regiones. Además, los inspectores señalan que será inviable llevar a cabo el plan de control de grupos consolidados si la sociedad dominante o algunas de las dependientes están domiciliadas en Cataluña, afectando también la supervisión de multinacionales. El colectivo advierte además que el nuevo marco impedirá realizar inspecciones coordinadas a nivel nacional con empresas en Cataluña, dificultará la lucha contra redes de fraude de IVA, el combate al fraude organizado, la supervisión de casos de deslocalización empresarial en los impuestos al consumo y en la fiscalidad internacional.
Los inspectores también temen que la cesión de competencias a la Generalitat obstaculice los planes de investigación de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), los controles aduaneros y de contrabando, y que surjan problemas en el traspaso de funciones gestionadas por los servicios centrales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
Asimismo, prevén una disminución en los resultados anuales de las actuaciones de control, que suelen aflorar unos 15.000 millones de euros al año, y una reducción en la recaudación tributaria total. Las actividades de la Agencia Tributaria a nivel estatal, incluidas sus funciones de colaboración con la Unión Europea, también se verán afectadas. Finalmente, los inspectores temen que la Agencia deje de ser una herramienta eficaz para sostener las políticas sociales, como sucedió durante la pandemia, cuando la Agencia Tributaria facilitó la concesión de ayudas a diversos colectivos y aplicó la reducción fiscal en carburantes.
Los inspectores admiten que estas dificultades ya se observan en la relación con contribuyentes del País Vasco y Navarra, a los que consideran "zonas grises" de información, pues dependen de solicitudes puntuales a las administraciones forales, lo que impide activar alertas automáticas mediante una base de datos común.
Ante este panorama, Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, pidió "urgentemente un estatuto de la Agencia Tributaria que la blinde de interferencias políticas" para afrontar "el momento más crítico de la Agencia desde su creación".