(Expansión, 22-10-2024) | Fiscal
La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (Anihpl) lleva tiempo alertando sobre los peligros que conlleva la externalización de las inspecciones fiscales. En declaraciones a este diario, la asociación aclara que no se opone a la "colaboración público-privada" siempre y cuando se limite a un verdadero apoyo y asistencia a los servicios públicos de inspección, y no a reemplazar la labor inspectora, como está ocurriendo en algunos casos de contratación que pueden calificarse de fraudulentos.
Para la asociación, la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma que "la completa privatización de una función reservada a la administración pública supone una grave violación del derecho administrativo" que afecta a los contribuyentes.
Los inspectores fiscales de los entes locales señalan que este fallo es el más reciente en una serie de decisiones judiciales en contra de la privatización de las inspecciones, que comenzó con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en 2015, siguió con el de Madrid en 2020, y ha contado con el respaldo del Tribunal Supremo.
Añaden que la subcontratación de los servicios de inspección es especialmente frecuente en ayuntamientos pequeños y diputaciones provinciales, que a su vez ofrecen este servicio a los municipios más pequeños de su región. Las razones principales son "la falta de recursos" humanos y materiales en las localidades de menor tamaño, así como la necesidad de mantener cierta distancia entre la administración y el sector empresarial local en municipios pequeños, donde suelen existir vínculos cercanos.