(El País,12-11-2024) | Fiscal
La nueva tasa de residuos, que comenzará a aplicarse en los Ayuntamientos españoles en abril, podría desatar un caos jurídico similar al que durante años generó el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal. Esta nueva tasa promete convertirse, además, en la segunda fuente de ingresos para los municipios, después del IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Así lo advierte la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL), que recientemente presentó un libro blanco con una serie de propuestas para reformar los principales impuestos municipales. Este documento incluye recomendaciones para mejorar la gestión de otros tributos como el impuesto de circulación, el de actividades económicas (IAE), y el de construcciones, instalaciones y obras (ICIO).
Hasta la fecha, el servicio de recogida de residuos urbanos ha sido financiado con los ingresos generales de los consistorios. En algunos municipios se establecían tasas específicas para este servicio, pero siempre de forma opcional. Con la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, aprobada hace más de dos años a raíz de una directiva europea, los ayuntamientos estarán obligados a implementar esta tasa para cubrir los costos de recogida, tratamiento y reciclaje de los residuos.
Este cambio normativo, según explica Juan Ignacio Gomar, portavoz de la asociación de inspectores, tendrá dos efectos inmediatos: un aumento de la litigiosidad y una subida considerable de la carga fiscal para los hogares, que se estima podría alcanzar los 3.800 millones de euros anuales. Por ello, la asociación solicita una moratoria para poder realizar los ajustes necesarios que mitiguen el previsible incremento de las reclamaciones.
Gomar señala que, aunque no existen cifras oficiales sobre el costo de este servicio, varias entidades privadas, como la fundación ENT, calculan que el gasto supera los 3.800 millones de euros. Esto sugiere que la tasa de residuos podría convertirse en la segunda fuente de ingresos para los ayuntamientos, solo superada por el IBI, que recauda más de 13.000 millones de euros anuales en toda España, y por encima del impuesto de plusvalía, que tras su reciente reforma recauda unos 1.000 millones.
En cuanto a la inseguridad jurídica, Gomar advierte que la nueva normativa es ambigua y delega gran parte de la responsabilidad en los ayuntamientos. Los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica, junto con la Federación Española de Municipios y Provincias, han publicado una guía orientativa, pero sin fijar criterios claros para su aplicación. "No se han establecido los parámetros que cabría esperar", afirma el portavoz, y añade que se exige que cada contribuyente pague la tasa según la cantidad de basura que genere, algo que es "casi imposible de calcular". Ante esta falta de claridad, cada municipio podría aplicar criterios diferentes, lo que derivaría en miles de reclamaciones y en decisiones contradictorias por parte de los tribunales regionales, hasta que el Tribunal Supremo establezca un criterio unificado. Para evitar este problema, la asociación considera que hubiera sido preferible articular esta obligación a través de un impuesto común.
En Madrid, por ejemplo, la cuota se calculará en función del valor catastral del inmueble, teniendo en cuenta su ubicación y el volumen de residuos generado por cada distrito. En cambio, en Barcelona se está considerando el consumo de agua como indicador para calcular la tasa, ajustando así la cuota al número de personas en cada vivienda. Por estas diferencias, Gomar pide una moratoria de al menos un año para establecer criterios comunes y delimitar el marco legal de forma uniforme.
Los inspectores de la Hacienda local han presentado un libro blanco con más de 100 propuestas de reforma de la tributación municipal. En lo que respecta al IBI, plantean ajustes técnicos y una mayor coordinación en la gestión e inspección catastral y tributaria. Además, sugieren aclarar la tributación de las herencias yacentes y evitar la división horizontal fraudulenta de inmuebles. En cuanto a la plusvalía, proponen cambios técnicos que aclaren el régimen de valoración aplicable. Respecto al IAE, los inspectores consideran necesario actualizar su normativa, definir con mayor precisión a los contribuyentes, y establecer normas para el prorrateo de cuotas en cambios de titularidad. Para el impuesto de circulación, sugieren que se tenga en cuenta la capacidad económica del propietario del vehículo y se incorpore un factor ambiental que aplique el principio "quien contamina paga", promovido por la normativa europea.