(Expansión, 01-10-2024) | Mercantil, civil y administrativo
A finales de 2013, RREEF presentó una demanda de arbitraje contra España, reclamando una compensación por las pérdidas sufridas tras los recortes a las subvenciones para proyectos de energías renovables implementados por el gobierno de Mariano Rajoy. Este fondo de inversión, vinculado a Deutsche Bank, ganó un laudo de 59,6 millones de euros, siendo el primero de muchos inversores internacionales que decidieron acudir a tratados internacionales para solicitar compensaciones por la eliminación de las primas.
Desde entonces, numerosas empresas y fondos que financiaron proyectos renovables han recurrido en masa a arbitrajes de inversión, la mayoría de ellos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una entidad de arbitraje del Banco Mundial. España ha acumulado una deuda total que supera los 1.880 millones de euros debido a los laudos ya perdidos. De esta cantidad, 1.560 millones corresponden a indemnizaciones y 320 millones adicionales a intereses por demora y condenas en costas, según los datos del portal Spanish Renewable Debt.
El episodio más reciente en esta serie de arbitrajes ocurrió el jueves pasado, cuando un tribunal federal de Estados Unidos autorizó, por primera vez, la ejecución de un laudo favorable a la empresa japonesa JGC. Este fallo obliga a España a pagar una indemnización de 23,5 millones de euros, más 5,5 millones en intereses por demora y casi 2 millones en costas. JGC presentó su demanda de arbitraje en 2015 ante el Ciadi, alegando perjuicios en un proyecto conjunto con Abengoa para construir dos centrales termosolares en El Carpio (Córdoba).
Esta decisión del tribunal estadounidense para el Distrito de Columbia permite a la empresa nipona, que ha sido asesorada por los despachos Cuatrecasas y Nagashima Ohno & Tsunematsu, iniciar procedimientos para recuperar el dinero pendiente, incluso mediante el embargo de activos comerciales de España en territorio estadounidense.
Según fuentes del sector, "estos arbitrajes se han convertido en el principal conflicto jurídico internacional para España", que ya ha recibido 25 laudos en contra. Las ejecuciones de estos laudos y los procesos legales están en marcha en varios países, incluyendo Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Suecia, Países Bajos, Luxemburgo e Israel.
Algunos de los casos más importantes implican compensaciones superiores a los 100 millones de euros, como en los arbitrajes presentados por NextEra, una de las mayores compañías eléctricas del mundo, y el fondo francés Antin. Bufetes como Freshfields, A&O Shearman y Cuatrecasas tienen un rol destacado en estos procesos, asesorando a los demandantes.
En otros casos, como los de las compañías japonesas Eurus y E.On, ya se han dictado laudos, pero España ha presentado solicitudes de anulación que están pendientes de resolución. E.On, por ejemplo, recibió en enero de este año una sentencia que ordenaba a España indemnizarla con casi 300 millones de euros, y ha sido representada por el despacho alemán Luther.
A pesar de la avalancha de fallos en contra, España aún no ha pagado ninguna indemnización. Un portavoz de uno de los despachos implicados señaló que "la estrategia de la Abogacía del Estado ha sido seguir litigando" para defender los intereses del país, argumentando que los arbitrajes entre empresas europeas y Estados de la UE no son válidos, basándose en precedentes como los casos Achmea y Komstroy, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que estos arbitrajes al amparo del Tratado de la Carta de la Energía son incompatibles con la legislación comunitaria.
El fallo más reciente del tribunal federal de Estados Unidos en el caso de JGC rechazó los argumentos de España sobre la falta de jurisdicción y la incompatibilidad con la legislación de la UE, y determinó que el laudo debe ser reconocido y ejecutado como una sentencia emitida por la justicia estadounidense. Como resultado, algunos demandantes han iniciado procesos legales para embargar bienes del Estado español en el extranjero. Aunque los tribunales reconozcan la validez de los laudos, esto no significa que puedan ejecutarse de inmediato, ya que requiere procedimientos adicionales que España puede bloquear. En países como Reino Unido y Bélgica, estos procesos han avanzado.
En agosto de 2023, el Tribunal Superior de Londres ordenó el embargo provisional del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un edificio histórico propiedad del Estado español en la capital británica. Este embargo está relacionado con la ejecución del laudo en el caso Antin, que reclama 120 millones de euros a España.
Meses antes, la misma corte emitió una orden preliminar que permitiría a Antin reclamar 120 millones de los 855 millones que España debería recibir como compensación por el desastre del Prestige, si gana el litigio contra la aseguradora del petrolero. Además, la justicia británica también bloqueó las cuentas de todos los Institutos Cervantes en Reino Unido.